miércoles, 5 de diciembre de 2018

Procedencia - Ley 26773 - Fallo Espósito - Apartamiento de lo resuelto por la CSJN - Recurso extraordinario federal - Procedencia

El recurso extraordinario es procedente, pues la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en las mismas causas en que ellas han sido dictadas constituye cuestión federal suficiente para ser examinada en la instancia extraordinaria cuando, como ocurre en el caso, la decisión impugnada consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce en lo esencial aquella decisión. En el caso, el aludido apartamiento resulta ostensible pues, aunque en un tramo de su fallo la Sala a la cual se remitió la causa admitió que debía decidir "conforme los lineamientos dispuestos por el Alto Tribunal", finalmente se expidió con total prescindencia de lo allí resuelto toda vez que abordó la cuestión propuesta sin tomar en consideración las pautas y criterios interpretativos establecidos en el precedente "Espósito" que esta Corte dispuso que se aplicasen a ese caso concreto. Ese proceder se tradujo, a la postre, en la fijación de los resarcimientos sin sujeción a la ley en la cual se enmarcó la pretensión -cuya constitucionalidad no fue objeto de tratamiento específico- mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo a algunas circunstancias particulares del trabajador accidentado.
Díaz García, Eduardo vs. Swiss Medical ART S.A. s. Accidente - Ley especial /// CSJN; 04/12/2018; 

martes, 13 de noviembre de 2018

Ley 27348 - Agotamiento de la vía administrativa - Instancia ante las comisiones médicas - Vencimiento del plazo - Habilitación de la instancia judicial

Se revoca la resolución de grado que, por entender que no se agotó la instancia administrativa delineada por la Ley 27348, rechazó el planteo de la actora, al considerar que no se encontraba habilitada la vía jurisdiccional. En atención a la instrumental acompañada por la accionante y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 3, Ley 27348, que prevé un plazo perentorio y fatal para expedirse, que no puede exceder los 60 días, contados desde la primera presentación y a cuyo vencimiento quedaba expedita la vía judicial. Así, cabe afirmar que se encuentran excedidos los plazos delineados por la citada disposición procesal, lo que torna inoficiosa la resolución de grado. En el sub lite, de la instrumental señalada precedentemente surge que la actora inició el trámite previo por ante la Comisión Médica Jurisdiccional el 06/03/2018 y se le asignó turno para estudios médicos el 05/06/2018, lo que permite advertir que se encuentran cumplidos los plazos antes mencionados.
Gómez, Cintia Corina vs. Galeno ART S.A. s. Accidente - Ley especial /// CNTrab. Sala VIII; 12/10/2018

miércoles, 24 de octubre de 2018

Responsabilidad de la ART - Rechazo de la acción civil y procedencia de la responsabilidad sistémica sin haber sido solicitada

Si bien en las presentes actuaciones no se demostraron los requisitos de procedencia tendiente a habilitar el reclamo sustentado en el derecho común en lo que concierne a la responsabilidad de la aseguradora, se estima que, en virtud de la doctrina judicial de la CSJN en "Milano, Horacio Rafael vs. Liberty ART S.A. s. Accidente - Accidente civil", y en los casos "Aquino, Isacio vs. Cargo Servicios Industriales S.A." y "Cura, Hugo Orlando vs. Frigorífico Riosma S.A. s. Accidente - Acción civil", y las vicisitudes acontecidas con motivo de la invocación de normas de derecho civil, no obstan a condenar a la ART codemandada en el marco de sus específicas obligaciones derivadas de la Ley 24557, por lo que con fundamento en la doctrina señalada, es razonable y equitativo responsabilizar a la aseguradora en los términos del contrato de afiliación habido entre las partes. En el caso, mientras el actor se encontraba realizando sus tareas habituales repartiendo correspondencia, fue abordado por un sujeto que intentó asaltarlo, recibiendo disparos de escopeta en ambos miembros inferiores. En ese contexto, al no haberse acompañado elemento relevante alguno que desvirtúe la conclusión expuesta en este sentido en la instancia anterior, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a la aseguradora en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo en el marco precedentemente descripto.
Taborda, Alejandro Gerardo vs. Suministra S.R.L. y otro s. Accidente - Acción civil /// CNTrab. Sala IX; 08/08/2018.

lunes, 22 de octubre de 2018

Resolución 11/2018 - Comisión Médica Jurisdiccional - Competencia

    Emisor: Superintendencia de Riesgos del Trabajo
    Sanción: 18/10/2018

    Texto Completo


    VISTO el Expediente N° EX-2018-42826107-APN-GACM#SRT; las Leyes 24241, 24557, 26425, 26773, 27348, los Decretos 717 de fecha 28 de junio de 1996, 2104 y 2105 ambos de fecha 4 de diciembre de 2008, las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 840 de fecha 22 de abril de 2005, 3194 de fecha 02 de diciembre de 2014, 3326 de fecha 09 de diciembre de 2014, N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, 698 de fecha 23 de junio de 2017, 1 de fecha 05 de enero de 2016, y

    CONSIDERANDO:
    Que, el artículo 1 de la Ley 27348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo dispuso que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales constituirá la instancia previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
    Que, asimismo, el referido artículo estableció que será competente la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios o, en su defecto, al domicilio donde habitualmente aquél se reporta, a opción del trabajador.
    Que, el artículo 3, párrafo segundo de la citada Ley 27348 estableció que "La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictará las normas del procedimiento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central.".
    Que en ese contexto, la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 298 de fecha 23 de febrero de 2017, dispuso el procedimiento, en los términos y alcances definidos en el Título l de la Ley Complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, para las actuaciones ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, la Comisión Médica Central y el Servicio de Homologación.
    Que, el artículo 5 de la citada Resolución S.R.T. 298/17, determinó la documentación requerida para hacer efectiva la opción de competencia territorial de las diferentes Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
    Que, por su parte, el artículo 6 de la Resolución S.R.T. 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, estableció que para iniciar cualquier tipo de trámite ante las Comisiones Médicas, el trabajador podrá optar por la intervención de la Comisión Médica correspondiente al domicilio real del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios del trabajador o la del domicilio laboral donde habitualmente aquél se reporta.
    Que ambas normas establecen, para el caso de que el trabajador opte por la Comisión Médica correspondiente al domicilio donde efectivamente presta servicios o, la del lugar donde habitualmente se reporta, deberá presentar una constancia expedida por el empleador en conformidad con los contenidos mínimos exigidos por la Resolución S.R.T. 698 de fecha 23 de junio de 2017.
    Que por razones inexcusables de ordenamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de economía procesal, las cuestiones tendientes a acreditar el debido ejercicio de la competencia deben sujetarse a una instancia de prueba sencilla y que no implique dilaciones injustificadas en el procedimiento.
    Que la experiencia recabada a través de la aplicación de las normas aludidas, torna necesario ampliar la documentación respaldatoria requerida para hacer efectiva la opción de competencia territorial, cuando el trabajador requiera la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente al lugar de efectiva prestación de servicio o al domicilio donde habitualmente aquél se reporta, permitiendo el acceso a la instancia administrativa mediante la simple Declaración Jurada del lugar de ocurrencia del Accidente de Trabajo o de exposición a los agentes de riesgo causantes de la Enfermedad Profesional, o del Establecimiento donde habitualmente presta o reporta servicios.
    Que la Declaración Jurada llevada a cabo por trabajador podrá ser validada mediante los Registros disponibles en el Organismo.
    Que frente a la necesidad de precisar los contenidos mínimos de los instrumentos mediante los cuales se efectivizarán las medidas propuestas, corresponde aprobar los Formularios contenidos en el Anexo I IF-2018-49687956-APN-GACM#SRT de la presente resolución.
    Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.
    Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley 24557, el artículo 51 de la Ley 24241, el artículo 15 de la Ley 26425, el artículo 3 de la Ley 27348, el Decreto 717 de fecha 28 de junio de 1996, el artículo 10 del Decreto 2104 de fecha 04 de diciembre de 2008 y el artículo 6 del Decreto 2105 de fecha 04 de diciembre de 2008.

    Por ello,
    EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
    RESUELVE:

    Artículo 1: Establécese que, a los efectos de asignar la competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.) requerida, de conformidad a los extremos indicados en los artículos 1 y 2 de la Ley 27348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y el artículo 6 de la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 326 de fecha 13 de marzo de 2017 y sus modificatorias, cuando el trabajador haya optado por aquella correspondiente al lugar de efectiva prestación de servicios, podrá acompañar la Declaración Jurada del lugar de ocurrencia del Accidente de Trabajo (A.T.) -siempre que éste no fuera un accidente in itinere- o de exposición a los agentes de riesgo causantes de la Enfermedad Profesional (E.P.), utilizando para ello el Formulario A obrante en el Anexo I IF-2018-49687956-APN-GACM-SRT de la presente resolución.
    El lugar de ocurrencia o exposición denunciado en la Declaración Jurada del trabajador será verificado mediante el Registro Nacional de Accidentes Laborales (Re.N.A.L.) creado por la Resolución S.R.T. 3326 de fecha 9 de diciembre de 2014 y el Registro de Enfermedades Profesionales creado por la Resolución S.R.T. 840 de fecha 22 de abril de 2005.

    Artículo 2: Establécese que, a los efectos de asignar la competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional requerida, de conformidad a los extremos indicados en los artículos 1 y 2 de la Ley 27348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y el artículo 6 de la Resolución S.R.T. 326/17 y sus modificatorias, cuando el trabajador haya optado por aquella correspondiente al lugar de efectiva prestación de servicios o al domicilio donde habitualmente reporta, podrá acompañar la Declaración Jurada del Establecimiento donde habitualmente presta o reporta servicios, utilizando para ello el Formulario B obrante en el Anexo I IF-2018-49687956-APN-GACM#SRT de la presente resolución.
    El establecimiento denunciado en la Declaración Jurada del trabajador deberá ser verificado como efectivamente vinculado al empleador mediante la "Base Única de ESTABLECIMIENTOS" creada por el artículo 1 de la Resolución S.R.T. 3194 de fecha 2 de diciembre de 2014.

    Artículo 3: La Comisión Médica Jurisdiccional podrá dar intervención al Departamento de Control de Registros a los efectos de que arbitre los medios tendientes a validar la información existente en los Registros del Organismo, cuando ello derive necesario como consecuencia de la Declaración Jurada prevista en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.

    Artículo 4: Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.) deberán poner a disposición del trabajador la Declaración Jurada prevista en los artículos 1 y 2 de la presente resolución, en oportunidad de llevar a cabo la intimación para el ejercicio de la opción de competencia.

    Artículo 5: Apruébase el Formulario A "DECLARACIÓN JURADA DEL LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O EXPOSICIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL" y el Formulario B "DECLARACIÓN JURADA DEL ESTABLECIMIENTO DONDE HABITUALMENTE PRESTA O REPORTA SERVICIOS", que como Anexo I IF-2018-49687956-APN-GACM#SRT, forma parte integrante de la presente resolución, en los cuales se establece el contenido mínimo de los instrumentos que deberán utilizar los trabajadores a fin de realizar la declaración jurada del lugar de efectiva prestación de servicios o el domicilio donde habitualmente reporta.

    Artículo 6: La presente resolución entrará en vigencia a los TREINTA (30) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

    Artículo 7: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

    Gustavo Dario Moron

    NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

viernes, 19 de octubre de 2018

Fondo de garantía - Insolvencia del empleador - Alcances de la responsabilidad

La situación de "insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado" se encuentra específicamente contemplada en el art. 29, Ley 24557, según el cual las indemnizaciones previstas en ese precepto serán financiadas por la SRT con cargo al "Fondo de Garantía". Al reglamentar el funcionamiento de este fondo, el art. 19.5, Decreto 334/1996 limitó la cobertura al importe de las prestaciones previstas en la ley, excluyendo expresamente "los intereses, costas y gastos causídicos". En el caso, los jueces de la causa incurrieron en un palmario error de encuadre normativo al pasar por alto las referidas prescripciones que resultaban claramente aplicables en razón de que el obligado al pago es un empleador no asegurado declarado insolvente. En esas condiciones, quien debe responder es el "Fondo de Garantía" con la limitación establecida por el citado decreto. Sin embargo, las decisiones impugnadas se apartaron de tales directivas y dispusieron que fuese el "Fondo de Reserva" el que se haga cargo del capital de condena con más los intereses y las costas cuando este "Fondo", administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y no por la SRT, solo está destinado a cubrir la responsabilidad de las compañías aseguradoras en estado de liquidación (art. 34, Ley 24557). En razón de lo expuesto, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo apelado por no constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas de la causa.
Villanueva, Silvia Marcela y otros vs. La Gruta S.R.L. s. Accidente - Ley especial /// CSJN; 11/10/2018

Resolución 13/2018 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - Aplicaciones informáticas

Síntesis: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Aplicaciones informáticas. Información con carácter de declaración jurada.
Emisor: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Publicación en el Boletín Oficial: 19/10/2018.

Texto Completo


VISTO el Expediente EX-2018-40683440-APN-SMYC#SRT, las Leyes 19549, 19587, 24557, 25506, los Decretos 911 de fecha 05 de agosto de 1996, 1057 de fecha 11 de noviembre de 2003, 378 de fecha 27 de abril de 2005, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 497 de fecha 01 de septiembre de 2003, 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, 37 de fecha 14 de enero de 2010, 550 de fecha 26 de abril de 2011, 503 de fecha 12 de marzo de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 24557, corresponde a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) regular y supervisar el sistema instaurado en dicha ley.
Que a efectos de optimizar el funcionamiento integral de dicho sistema, esta S.R.T. dictó sendas normas, a través de las cuales se exige a los empleadores cierta información, a ser presentada ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T).
Que a su vez, las A.R.T. tienen la obligación de informar y/o remitir dicha información a esta S.R.T., si fueran requeridos.
Que en este sentido, a través de las Resoluciones 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 550 de fecha 26 de abril de 2011 y 503 de fecha 12 de marzo de 2014, se establecieron obligaciones en materia de construcción, estipulándose además el plazo para la entrega del Aviso de Obra por parte de los empleadores obligados a sus A.R.T. y el plazo que éstas tienen para comunicarlo a esta S.R.T..
Que mediante las Resoluciones S.R.T. 497 de fecha 01 de septiembre de 2003 y 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, se fijó el funcionamiento del Registro de Difenilos Policlorados y del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Mayores.
Que por su parte, la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010, estableció que los empleadores afiliados deben suministrar a la A.R.T., al momento de la afiliación o de la renovación del contrato, la nómina de trabajadores expuestos (N.T.E.) a cada uno de los agentes de riesgos, tornándose necesaria la creación de un formulario a fin de unificar la información allí vertida.
Que desde la sanción de las resoluciones antes citadas, el ESTADO NACIONAL ha propiciado distintos programas tendientes a la modernización de la Administración Pública, mediante iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e integración de los procesos.
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, la S.R.T. consideró necesario implementar proyectos encaminados a promover la digitalización de los procesos, para de este modo permitir la creación, el registro y el archivo de documentos electrónicos en medios electrónicos, y de esta manera, fomentar la despapelización.
Que en la actualidad, las A.R.T. envían -a requerimiento de esta S.R.T.- una versión escaneada del Aviso de Obra, de la nómina de trabajadores expuestos y del formulario del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, los cuales son suscriptos por los empleadores en forma hológrafa.
Que en este contexto, toda vez que se han detectado inconvenientes con la metodología de control, la Subgerencia de Monitoreo y Control, dependiente de la Gerencia de Prevención, entendió necesario impulsar la creación y mantenimiento, por parte de las A.R.T., de un sistema electrónico para el intercambio entre éstas y los empleadores obligados, prescindiendo de la mencionada firma hológrafa, lo cual redundará posteriormente en la exigencia a las A.R.T. de la presentación en formato digital.
Que el empleo de dichos medios informáticos y telemáticos, permitirá mayor control y seguridad en la tramitación y minimizará la utilización de documentos en papel, sin menoscabo alguno a la seguridad jurídica.
Que, para la creación y mantenimiento de los mentados sistemas electrónicos, las A.R.T. deberán garantizar la seguridad e integridad de los datos consignados por los empleadores obligados, mediante un método de identificación de los usuarios que registren dicha información.
Que el contenido de los procesos, así como los plazos que lo regulan y métodos establecidos para informarlo a esta S.R.T. se regirán por lo normado en las Resoluciones S.R.T. 552/01, 497/03, 743/03 y 37/10, modificatorias y reglamentarias.
Que en lo concerniente a las atribuciones de la Gerencia de Prevención, el intercambio propuesto favorece la implementación de medidas de control eficientes y orientadas a los aspectos eminentemente preventivos de la conducta de las compañías controladas y luce coherente con los criterios de imputación de esa área, presentándose la consigna en un todo consistente con los principios consagrados en el artículo 1 de la Ley Nacional 19549 de Procedimientos Administrativos.
Que en ese entendimiento resulta oportuno facultar a la mencionada Gerencia a fin de promover la digitalización de otros procesos como el que se promueve, para favorecer la modernización del intercambio de modo dinámico y ágil.
Que el acto administrativo que se impulsa, cuenta con la conformidad de la Subgerencia de Sistemas, dependiente de la Gerencia Técnica.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. emitió el pertinente dictamen de legalidad, conforme lo dispone el artículo 7, inciso d) de la Ley 19549.
Que la presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley 24557, la Ley 19587 y el Decreto 1057 de fecha 11 de noviembre de 2003.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Establécese que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 550 de fecha 26 de abril de 2011, 503 de fecha 12 de marzo de 2014 y/o las que en un futuro las reemplacen- ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, la información solicitada en el Aviso de Inicio, extensiones, suspensiones y/o reanudaciones de obra.

Artículo 2: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 497 de fecha 01 de septiembre de 2003 y/o la que en un futuro la reemplace-, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción en el Registro de Difenilos Policlorados.

Artículo 3: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 743 de fecha 21 de noviembre de 2003 y/o la que en un futuro la reemplace-, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción en el Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores.

Artículo 4: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010 y/o la que en un futuro la reemplace, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos.

Artículo 5: La "Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos" reseñada en el artículo precedente se recomienda que contenga, como mínimo, los datos detallados en el Anexo IF-2018-51844293-APN-SMYC#SRT que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 6: Establécese que los Avisos de Inicio, extensiones, suspensiones y/o reanudaciones de obra, los formularios correspondientes al Registro de Difenilos Policlorados y al Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, y la Nómina del Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos, se tendrán por válidos en la medida en que la A.R.T. garantice la seguridad e integridad de los datos consignados y mantenga un adecuado mecanismo para la identificación y autenticidad de los usuarios que registren la información.

Artículo 7: Facúltase a la Gerencia de Prevención, a fin de promover la digitalización de otros procesos como el que se aprueba, para favorecer la modernización del intercambio de modo dinámico y ágil.

Artículo 8: La presente resolución entrará en vigencia el primer día hábil del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

Gustavo Dario Moron

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

martes, 16 de octubre de 2018

Resolución 9/2018 - Procedimiento para el rechazo de enfermedades profesionales


Texto Completo


VISTO el Expediente EX-2018-42556640-APN-GACM#SRT, las Leyes 24241, 24557, 26529, 26773 y 27348, los Decretos 658 de fecha 24 junio de 1996, 717 de fecha 28 de junio de 1996, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 840 de fecha 22 de abril de 2005, 463 de fecha 11 de mayo de 2009, 37 de fecha 14 de enero de 2010, 179 de fecha 21 de enero de 2015, 613 de fecha 1 de noviembre de 2016, 475 de fecha 20 de abril de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) establece la obligación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de brindar prestaciones en especie y dinerarias a aquellos trabajadores incapacitados laboralmente, ya sea en forma temporaria o permanente.
Que por su parte, el artículo 30 de la citada ley dispone que aquellos empleadores que hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que la ley pone a cargo del empleador y a cargo de las A.R.T..
Que a su vez, la Ley 26773 sobre el Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales constituye como objetivo, la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.
Que el artículo 1 del Decreto Reglamentario 717 de fecha 28 de junio de 1996 establece que, el empleador está obligado a denunciar a la Aseguradora, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes, y que asimismo, también podrá efectuar la denuncia el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento.
Que el artículo 6 del citado decreto, faculta a la A.R.T. o el Empleador Autoasegurado (E.A.) a rechazar la contingencia, imponiéndose como causal primordial, el supuesto en que ésta considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del citado artículo, el trabajador estará obligado a someterse al control que efectúe el facultativo designado por la Aseguradora tantas veces como razonablemente le sea requerido.
Que el artículo 9 del Decreto Reglamentario 717/96 faculta tanto a las A.R.T. como a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales para determinar la existencia de una enfermedad profesional, lo cual implica establecer la relación causal adecuada entre la patología denunciada, las tareas desarrolladas, los Agentes de Riesgo presentes en el lugar de trabajo y la exposición sufrida.
Que en primera instancia, es responsabilidad de la A.R.T. o el E.A. detectar tempranamente la existencia de aquellas patologías producidas por causa del trabajo y, en defecto de ello, ante la denuncia de la contingencia por parte del trabajador o empleador, deberá accionar los mecanismos tendientes a determinar el carácter profesional de la patología invocada.
Que en función de todo lo expuesto, se considera conducente aprobar un procedimiento complementario para el Rechazo de Enfermedades Profesionales, el cual resulte ordenador a los efectos de garantizar la debida fundamentación del mismo por parte de la A.R.T. o el E.A. mediante el cumplimiento de las cargas y obligaciones que le son propias, como así también, objetivar la pretensión del trabajador damnificado, de manera tal que al momento de formalizarse un reclamo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, ésta pueda contar con todos los elementos necesarios a fin de determinar el carácter profesional de la contingencia denunciada.
Que en este orden de ideas, son los profesionales de la medicina quienes cuentan con la facultad exclusiva para anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas, quedando prohibido a cualquier otro sujeto participar en tales actividades o realizar dichas acciones.
Que el artículo 14 de la Ley 26529 sobre Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud establece que el paciente es el titular de la historia clínica y a su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma.
Que por otra parte, corresponde definir un plazo particular para la presentación por parte de la A.R.T. o el E.A. del trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales para determinar u homologar la Incapacidad Laboral Permanente en los supuestos de contingencias Sin Baja Laboral.
Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) se encuentra facultada para establecer los recaudos que corresponda considerar para entender que el rechazo de una contingencia se encuentra adecuadamente fundado en acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 bis del Decreto 717/96.
Que el artículo 8° de la Resolución S.R.T. 179 de fecha 21 de enero de 2015, dispone los requisitos para considerar el rechazo de una contingencia como debidamente fundamentado por parte de la A.R.T. o el E.A..
Que la experiencia recabada a través de la aplicación de las normas previamente aludidas, torna necesario adecuar los requisitos para considerar el rechazo de una contingencia como debidamente fundamentado, dispuestos por el artículo 8 de la Resolución S.R.T. 179/15, entendiendo que a los efectos de determinar la idoneidad de los agentes de riesgos imperantes en el lugar de trabajo para causar una Enfermedad Profesional, resulta imprescindible poder conocer la exposición desde una perspectiva histórica respecto del puesto de trabajo y de las tareas desarrolladas por el trabajador.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha intervenido en el área de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley 24557, el artículo 3 de la Ley 27348 y el artículo 6 bis del Decreto 717/96.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Apruébase el "Procedimiento para el Rechazo de Enfermedades Profesionales", que como Anexo I IF-2018-49687832-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución.
El incumplimiento de dicho procedimiento por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador Autoasegurado (E.A.) configurará falta GRAVE de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 613 de fecha 01 de noviembre de 2016, o la que en el futuro la reemplace.

Artículo 2: Establécese que en los supuestos de denuncia de una Enfermedad Profesional (E.P.), cuando fuere realizada en forma directa por el propio trabajador, sus derechohabientes o un tercero, la relación de los hechos exigida en el artículo 1 del Decreto 717 fecha 28 de junio de 1996, deberá contener una descripción de la sintomatología imperante, el puesto de trabajo y las tareas habituales que fueran desarrolladas por el trabajador damnificado. Ello sin perjuicio de todas aquellas constancias médicas que pudieran ser acreditadas con el objeto de avalar la denuncia realizada y precisar un diagnóstico.

Artículo 3: Establécese que para los supuestos de contingencias Sin Baja Laboral, la A.R.T. o el E.A. deberá presentar el trámite ante las Comisiones Médicas para determinar u homologar la Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.), dentro de los VEINTE (20) días contados desde el día siguiente al que se haya producido la aceptación expresa o tácita de la contingencia.

Artículo 4: Sustitúyase el texto del artículo 8° de la Resolución S.R.T. 179 de fecha 21 de enero de 2015 por el siguiente texto:
"Articulo 8: El rechazo de una contingencia será debidamente fundado en los siguientes supuestos:
a. Para el caso de accidente de trabajo, cuando la A.R.T./E.A. haya basado sus argumentos en los siguientes requisitos:
1. Evaluación médica del damnificado.
2. Estudios complementarios realizados, en los casos en que la patología lo requiera.
3. Investigación del accidente, en los casos que corresponda.
4. Inasistencia del damnificado a la citación realizada por la A.R.T./E.A. acreditándose en forma fehaciente.
a. Para el caso de una enfermedad profesional, cuando la A.R.T./E.A. haya basado sus argumentos en los siguientes requisitos:
1. Examen médico del damnificado o declaración de imposibilidad de realizarlo por causas atribuibles al trabajador debidamente acreditadas.
2. Estudios complementarios realizados por la A.R.T./E.A. o aportados por el trabajador, en caso de corresponder.
3. Exámenes Médicos en Salud realizados al trabajador en los términos de la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010, o la que en un futuro la reemplace, en caso de corresponder.
4. Mapa de Riesgos del Establecimiento de efectiva prestación de servicios correspondiente a cada uno de los períodos vencidos en que el vínculo laboral se encontrara vigente, el cual como mínimo deberá contener: Análisis y Evaluación de Riesgos por puesto de trabajo y Nómina de Personal Expuesto (N.P.E.) declarados por el empleador, todo ello conforme lo dispuesto por las Resoluciones S.R.T. 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y 37/10, o las que en un futuro las remplacen.
5. Relevamiento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (C.y M.A.T.), en caso de poseerlo, en el cual se verifique la presencia de los Agentes de Riesgos al que el trabajador se encontraba expuesto durante la vigencia del vínculo laboral.
6. Inasistencia del damnificado a la citación realizada por la A.R.T./E.A. acreditándose en forma fehaciente.
En los casos en que el rechazo encuentre fundamento en la falta de cobertura, prescripción, dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo, la A.R.T./E.A. deberá basar sus argumentos en constancias objetivas de tales circunstancias. Ello sin perjuicio, del cumplimiento de los requisitos dispuestos en los incisos a) y b) del presente artículo a los efectos de acreditar acabadamente todos los demás extremos en relación al carácter inculpable de la contingencia."

Artículo 5: Establécese que la presente resolución entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2018 y se aplicaran a las contingencias previstas en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 24557, cuya Primera Manifestación Invalidante se produzca a partir de esa fecha.

Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gustavo Dario Moron

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-