viernes, 19 de octubre de 2018

Fondo de garantía - Insolvencia del empleador - Alcances de la responsabilidad

La situación de "insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado" se encuentra específicamente contemplada en el art. 29, Ley 24557, según el cual las indemnizaciones previstas en ese precepto serán financiadas por la SRT con cargo al "Fondo de Garantía". Al reglamentar el funcionamiento de este fondo, el art. 19.5, Decreto 334/1996 limitó la cobertura al importe de las prestaciones previstas en la ley, excluyendo expresamente "los intereses, costas y gastos causídicos". En el caso, los jueces de la causa incurrieron en un palmario error de encuadre normativo al pasar por alto las referidas prescripciones que resultaban claramente aplicables en razón de que el obligado al pago es un empleador no asegurado declarado insolvente. En esas condiciones, quien debe responder es el "Fondo de Garantía" con la limitación establecida por el citado decreto. Sin embargo, las decisiones impugnadas se apartaron de tales directivas y dispusieron que fuese el "Fondo de Reserva" el que se haga cargo del capital de condena con más los intereses y las costas cuando este "Fondo", administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y no por la SRT, solo está destinado a cubrir la responsabilidad de las compañías aseguradoras en estado de liquidación (art. 34, Ley 24557). En razón de lo expuesto, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo apelado por no constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas de la causa.
Villanueva, Silvia Marcela y otros vs. La Gruta S.R.L. s. Accidente - Ley especial /// CSJN; 11/10/2018

Resolución 13/2018 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - Aplicaciones informáticas

Síntesis: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Aplicaciones informáticas. Información con carácter de declaración jurada.
Emisor: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Publicación en el Boletín Oficial: 19/10/2018.

Texto Completo


VISTO el Expediente EX-2018-40683440-APN-SMYC#SRT, las Leyes 19549, 19587, 24557, 25506, los Decretos 911 de fecha 05 de agosto de 1996, 1057 de fecha 11 de noviembre de 2003, 378 de fecha 27 de abril de 2005, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 497 de fecha 01 de septiembre de 2003, 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, 37 de fecha 14 de enero de 2010, 550 de fecha 26 de abril de 2011, 503 de fecha 12 de marzo de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 24557, corresponde a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) regular y supervisar el sistema instaurado en dicha ley.
Que a efectos de optimizar el funcionamiento integral de dicho sistema, esta S.R.T. dictó sendas normas, a través de las cuales se exige a los empleadores cierta información, a ser presentada ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T).
Que a su vez, las A.R.T. tienen la obligación de informar y/o remitir dicha información a esta S.R.T., si fueran requeridos.
Que en este sentido, a través de las Resoluciones 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 550 de fecha 26 de abril de 2011 y 503 de fecha 12 de marzo de 2014, se establecieron obligaciones en materia de construcción, estipulándose además el plazo para la entrega del Aviso de Obra por parte de los empleadores obligados a sus A.R.T. y el plazo que éstas tienen para comunicarlo a esta S.R.T..
Que mediante las Resoluciones S.R.T. 497 de fecha 01 de septiembre de 2003 y 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, se fijó el funcionamiento del Registro de Difenilos Policlorados y del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Mayores.
Que por su parte, la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010, estableció que los empleadores afiliados deben suministrar a la A.R.T., al momento de la afiliación o de la renovación del contrato, la nómina de trabajadores expuestos (N.T.E.) a cada uno de los agentes de riesgos, tornándose necesaria la creación de un formulario a fin de unificar la información allí vertida.
Que desde la sanción de las resoluciones antes citadas, el ESTADO NACIONAL ha propiciado distintos programas tendientes a la modernización de la Administración Pública, mediante iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e integración de los procesos.
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, la S.R.T. consideró necesario implementar proyectos encaminados a promover la digitalización de los procesos, para de este modo permitir la creación, el registro y el archivo de documentos electrónicos en medios electrónicos, y de esta manera, fomentar la despapelización.
Que en la actualidad, las A.R.T. envían -a requerimiento de esta S.R.T.- una versión escaneada del Aviso de Obra, de la nómina de trabajadores expuestos y del formulario del Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, los cuales son suscriptos por los empleadores en forma hológrafa.
Que en este contexto, toda vez que se han detectado inconvenientes con la metodología de control, la Subgerencia de Monitoreo y Control, dependiente de la Gerencia de Prevención, entendió necesario impulsar la creación y mantenimiento, por parte de las A.R.T., de un sistema electrónico para el intercambio entre éstas y los empleadores obligados, prescindiendo de la mencionada firma hológrafa, lo cual redundará posteriormente en la exigencia a las A.R.T. de la presentación en formato digital.
Que el empleo de dichos medios informáticos y telemáticos, permitirá mayor control y seguridad en la tramitación y minimizará la utilización de documentos en papel, sin menoscabo alguno a la seguridad jurídica.
Que, para la creación y mantenimiento de los mentados sistemas electrónicos, las A.R.T. deberán garantizar la seguridad e integridad de los datos consignados por los empleadores obligados, mediante un método de identificación de los usuarios que registren dicha información.
Que el contenido de los procesos, así como los plazos que lo regulan y métodos establecidos para informarlo a esta S.R.T. se regirán por lo normado en las Resoluciones S.R.T. 552/01, 497/03, 743/03 y 37/10, modificatorias y reglamentarias.
Que en lo concerniente a las atribuciones de la Gerencia de Prevención, el intercambio propuesto favorece la implementación de medidas de control eficientes y orientadas a los aspectos eminentemente preventivos de la conducta de las compañías controladas y luce coherente con los criterios de imputación de esa área, presentándose la consigna en un todo consistente con los principios consagrados en el artículo 1 de la Ley Nacional 19549 de Procedimientos Administrativos.
Que en ese entendimiento resulta oportuno facultar a la mencionada Gerencia a fin de promover la digitalización de otros procesos como el que se promueve, para favorecer la modernización del intercambio de modo dinámico y ágil.
Que el acto administrativo que se impulsa, cuenta con la conformidad de la Subgerencia de Sistemas, dependiente de la Gerencia Técnica.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. emitió el pertinente dictamen de legalidad, conforme lo dispone el artículo 7, inciso d) de la Ley 19549.
Que la presente se dicta conforme las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1, inciso e) de la Ley 24557, la Ley 19587 y el Decreto 1057 de fecha 11 de noviembre de 2003.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Establécese que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 051 de fecha 07 de julio de 1997, 035 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 09 de septiembre de 1999, 552 de fecha 07 de diciembre de 2001, 550 de fecha 26 de abril de 2011, 503 de fecha 12 de marzo de 2014 y/o las que en un futuro las reemplacen- ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, la información solicitada en el Aviso de Inicio, extensiones, suspensiones y/o reanudaciones de obra.

Artículo 2: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 497 de fecha 01 de septiembre de 2003 y/o la que en un futuro la reemplace-, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción en el Registro de Difenilos Policlorados.

Artículo 3: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 743 de fecha 21 de noviembre de 2003 y/o la que en un futuro la reemplace-, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción en el Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores.

Artículo 4: Establécese que las A.R.T. podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para que los empleadores obligados -conforme lo establecido en la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010 y/o la que en un futuro la reemplace, ingresen y completen, con carácter de declaración jurada, la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos.

Artículo 5: La "Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos" reseñada en el artículo precedente se recomienda que contenga, como mínimo, los datos detallados en el Anexo IF-2018-51844293-APN-SMYC#SRT que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 6: Establécese que los Avisos de Inicio, extensiones, suspensiones y/o reanudaciones de obra, los formularios correspondientes al Registro de Difenilos Policlorados y al Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, y la Nómina del Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgos, se tendrán por válidos en la medida en que la A.R.T. garantice la seguridad e integridad de los datos consignados y mantenga un adecuado mecanismo para la identificación y autenticidad de los usuarios que registren la información.

Artículo 7: Facúltase a la Gerencia de Prevención, a fin de promover la digitalización de otros procesos como el que se aprueba, para favorecer la modernización del intercambio de modo dinámico y ágil.

Artículo 8: La presente resolución entrará en vigencia el primer día hábil del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

Gustavo Dario Moron

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

martes, 16 de octubre de 2018

Resolución 9/2018 - Procedimiento para el rechazo de enfermedades profesionales


Texto Completo


VISTO el Expediente EX-2018-42556640-APN-GACM#SRT, las Leyes 24241, 24557, 26529, 26773 y 27348, los Decretos 658 de fecha 24 junio de 1996, 717 de fecha 28 de junio de 1996, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 840 de fecha 22 de abril de 2005, 463 de fecha 11 de mayo de 2009, 37 de fecha 14 de enero de 2010, 179 de fecha 21 de enero de 2015, 613 de fecha 1 de noviembre de 2016, 475 de fecha 20 de abril de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) establece la obligación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de brindar prestaciones en especie y dinerarias a aquellos trabajadores incapacitados laboralmente, ya sea en forma temporaria o permanente.
Que por su parte, el artículo 30 de la citada ley dispone que aquellos empleadores que hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que la ley pone a cargo del empleador y a cargo de las A.R.T..
Que a su vez, la Ley 26773 sobre el Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales constituye como objetivo, la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.
Que el artículo 1 del Decreto Reglamentario 717 de fecha 28 de junio de 1996 establece que, el empleador está obligado a denunciar a la Aseguradora, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes, y que asimismo, también podrá efectuar la denuncia el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento.
Que el artículo 6 del citado decreto, faculta a la A.R.T. o el Empleador Autoasegurado (E.A.) a rechazar la contingencia, imponiéndose como causal primordial, el supuesto en que ésta considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional.
Que de acuerdo con lo dispuesto por el último párrafo del citado artículo, el trabajador estará obligado a someterse al control que efectúe el facultativo designado por la Aseguradora tantas veces como razonablemente le sea requerido.
Que el artículo 9 del Decreto Reglamentario 717/96 faculta tanto a las A.R.T. como a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales para determinar la existencia de una enfermedad profesional, lo cual implica establecer la relación causal adecuada entre la patología denunciada, las tareas desarrolladas, los Agentes de Riesgo presentes en el lugar de trabajo y la exposición sufrida.
Que en primera instancia, es responsabilidad de la A.R.T. o el E.A. detectar tempranamente la existencia de aquellas patologías producidas por causa del trabajo y, en defecto de ello, ante la denuncia de la contingencia por parte del trabajador o empleador, deberá accionar los mecanismos tendientes a determinar el carácter profesional de la patología invocada.
Que en función de todo lo expuesto, se considera conducente aprobar un procedimiento complementario para el Rechazo de Enfermedades Profesionales, el cual resulte ordenador a los efectos de garantizar la debida fundamentación del mismo por parte de la A.R.T. o el E.A. mediante el cumplimiento de las cargas y obligaciones que le son propias, como así también, objetivar la pretensión del trabajador damnificado, de manera tal que al momento de formalizarse un reclamo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, ésta pueda contar con todos los elementos necesarios a fin de determinar el carácter profesional de la contingencia denunciada.
Que en este orden de ideas, son los profesionales de la medicina quienes cuentan con la facultad exclusiva para anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas, quedando prohibido a cualquier otro sujeto participar en tales actividades o realizar dichas acciones.
Que el artículo 14 de la Ley 26529 sobre Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud establece que el paciente es el titular de la historia clínica y a su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma.
Que por otra parte, corresponde definir un plazo particular para la presentación por parte de la A.R.T. o el E.A. del trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales para determinar u homologar la Incapacidad Laboral Permanente en los supuestos de contingencias Sin Baja Laboral.
Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) se encuentra facultada para establecer los recaudos que corresponda considerar para entender que el rechazo de una contingencia se encuentra adecuadamente fundado en acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 bis del Decreto 717/96.
Que el artículo 8° de la Resolución S.R.T. 179 de fecha 21 de enero de 2015, dispone los requisitos para considerar el rechazo de una contingencia como debidamente fundamentado por parte de la A.R.T. o el E.A..
Que la experiencia recabada a través de la aplicación de las normas previamente aludidas, torna necesario adecuar los requisitos para considerar el rechazo de una contingencia como debidamente fundamentado, dispuestos por el artículo 8 de la Resolución S.R.T. 179/15, entendiendo que a los efectos de determinar la idoneidad de los agentes de riesgos imperantes en el lugar de trabajo para causar una Enfermedad Profesional, resulta imprescindible poder conocer la exposición desde una perspectiva histórica respecto del puesto de trabajo y de las tareas desarrolladas por el trabajador.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha intervenido en el área de su competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley 24557, el artículo 3 de la Ley 27348 y el artículo 6 bis del Decreto 717/96.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Apruébase el "Procedimiento para el Rechazo de Enfermedades Profesionales", que como Anexo I IF-2018-49687832-APN-GACM#SRT forma parte integrante de la presente resolución.
El incumplimiento de dicho procedimiento por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador Autoasegurado (E.A.) configurará falta GRAVE de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 613 de fecha 01 de noviembre de 2016, o la que en el futuro la reemplace.

Artículo 2: Establécese que en los supuestos de denuncia de una Enfermedad Profesional (E.P.), cuando fuere realizada en forma directa por el propio trabajador, sus derechohabientes o un tercero, la relación de los hechos exigida en el artículo 1 del Decreto 717 fecha 28 de junio de 1996, deberá contener una descripción de la sintomatología imperante, el puesto de trabajo y las tareas habituales que fueran desarrolladas por el trabajador damnificado. Ello sin perjuicio de todas aquellas constancias médicas que pudieran ser acreditadas con el objeto de avalar la denuncia realizada y precisar un diagnóstico.

Artículo 3: Establécese que para los supuestos de contingencias Sin Baja Laboral, la A.R.T. o el E.A. deberá presentar el trámite ante las Comisiones Médicas para determinar u homologar la Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.), dentro de los VEINTE (20) días contados desde el día siguiente al que se haya producido la aceptación expresa o tácita de la contingencia.

Artículo 4: Sustitúyase el texto del artículo 8° de la Resolución S.R.T. 179 de fecha 21 de enero de 2015 por el siguiente texto:
"Articulo 8: El rechazo de una contingencia será debidamente fundado en los siguientes supuestos:
a. Para el caso de accidente de trabajo, cuando la A.R.T./E.A. haya basado sus argumentos en los siguientes requisitos:
1. Evaluación médica del damnificado.
2. Estudios complementarios realizados, en los casos en que la patología lo requiera.
3. Investigación del accidente, en los casos que corresponda.
4. Inasistencia del damnificado a la citación realizada por la A.R.T./E.A. acreditándose en forma fehaciente.
a. Para el caso de una enfermedad profesional, cuando la A.R.T./E.A. haya basado sus argumentos en los siguientes requisitos:
1. Examen médico del damnificado o declaración de imposibilidad de realizarlo por causas atribuibles al trabajador debidamente acreditadas.
2. Estudios complementarios realizados por la A.R.T./E.A. o aportados por el trabajador, en caso de corresponder.
3. Exámenes Médicos en Salud realizados al trabajador en los términos de la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010, o la que en un futuro la reemplace, en caso de corresponder.
4. Mapa de Riesgos del Establecimiento de efectiva prestación de servicios correspondiente a cada uno de los períodos vencidos en que el vínculo laboral se encontrara vigente, el cual como mínimo deberá contener: Análisis y Evaluación de Riesgos por puesto de trabajo y Nómina de Personal Expuesto (N.P.E.) declarados por el empleador, todo ello conforme lo dispuesto por las Resoluciones S.R.T. 463 de fecha 11 de mayo de 2009 y 37/10, o las que en un futuro las remplacen.
5. Relevamiento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (C.y M.A.T.), en caso de poseerlo, en el cual se verifique la presencia de los Agentes de Riesgos al que el trabajador se encontraba expuesto durante la vigencia del vínculo laboral.
6. Inasistencia del damnificado a la citación realizada por la A.R.T./E.A. acreditándose en forma fehaciente.
En los casos en que el rechazo encuentre fundamento en la falta de cobertura, prescripción, dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo, la A.R.T./E.A. deberá basar sus argumentos en constancias objetivas de tales circunstancias. Ello sin perjuicio, del cumplimiento de los requisitos dispuestos en los incisos a) y b) del presente artículo a los efectos de acreditar acabadamente todos los demás extremos en relación al carácter inculpable de la contingencia."

Artículo 5: Establécese que la presente resolución entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2018 y se aplicaran a las contingencias previstas en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 24557, cuya Primera Manifestación Invalidante se produzca a partir de esa fecha.

Artículo 6: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gustavo Dario Moron

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

Resolución 7/2018 Riesgos del Trabajo - Procedimiento para responder requerimientos mediante servicios web

Síntesis: Riesgos del Trabajo. Se aprueba el procedimiento para responder requerimientos mediante servicios web.
Emisor: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Publicación en el Boletín Oficial: 16/10/2018.

Texto Completo


VISTO el Expediente Nº EX-2018-32791273-APN-GCP#SRT, las Leyes 19549, 24557, 26773, 27.348, el Decreto 378 de fecha 27 de abril de 2005, las Resoluciones de esta Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) 635 de fecha 23 de junio de 2008, 365 de fecha 16 de abril de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que a fin de facilitar el acceso a los distintos actores sociales vinculados con el Sistema de Riesgos del Trabajo a los servicios que se brindan, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) adecuó los procedimientos administrativos a las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, con el objeto de agilizar sus trámites administrativos, incrementar la transparencia y accesibilidad al mismo.
Que mediante la Resolución S.R.T. 635 de fecha 23 de junio de 2008 se implementó el uso obligatorio de la "Ventanilla Electrónica": un sistema de notificaciones y de intercambio recíproco de información entre la S.R.T., las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.).
Que a través de la Resolución S.R.T. 365 de fecha 16 de abril de 2009 los Empleadores fueron incluidos en el Sistema de Ventanilla Electrónica implementado por la citada Resolución S.R.T. 635/08, homogeneizando los canales de comunicación.
Que por todo lo expuesto, resulta oportuno crear un procedimiento para la respuesta a requerimientos de Ventanilla Electrónica por medio de Servicios Web que incorpore los objetivos señalados.
Que sin perjuicio de ello, la experiencia adquirida en la implementación del sistema de Ventanilla Electrónica permitiría proyectar mejoras que permitan una comunicación eficiente entre los distintos actores del sistema.
Que el procedimiento que se impulsa permitirá a las A.R.T./E.A. la creación de métodos de integración, que les permita administrar los requerimientos desde sus propios sistemas, facilitando la gestión y respuesta de éstos, pudiendo implementar esquemas de respuesta automática ante requerimientos específicos al configurar en sus propios sistemas qué información remitir a la S.R.T. ante cada pedido.
Qué asimismo, podrán responder enviando un conjunto de datos que nuestros sistemas podrán procesar automáticamente, informando a los responsables de los expedientes el resultado de dicho proceso, permitiendo a la S.R.T. obtener los datos requeridos con mayor celeridad y procesar la información más eficientemente.
Que en ese entendimiento, resulta oportuno facultar a la Subgerencia de Sistemas a reglamentar los aspectos técnicos a considerar en cada tipo de "Comunicación Electrónica de Datos" (C.E.D.), en función a la información específica que se deba incluir en cada caso.
Que en consecuencia, a los efectos de dar cumplimiento a la normativa antes transcripta, resulta necesario definir el "Procedimiento para responder Requerimientos mediante Servicios Web", el cual obra como Anexo IF-2018-35976315-APN-SS#SRT.
Que el acto administrativo que se impulsa cuenta con la conformidad de la Gerencia de Control Prestacional y la Subgerencia de Sistemas.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de este Organismo ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 36 y 38 de la Ley 24557.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Apruébase el "Procedimiento para responder Requerimientos mediante Servicios Web", el cual obra como Anexo IF-2018-35976315-APN-SS#SRT que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2: Facúltase a la Subgerencia de Sistemas a reglamentar los aspectos técnicos a considerar en cada tipo de "Comunicación Electrónica de Datos" (C.E.D.), en función a la información específica que se deba incluir en cada caso.

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gustavo Dario Moron

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

martes, 9 de octubre de 2018

Ley 27348 - Ley 14997 de la Provincia de Buenos Aires - Declaración de inconstitucionalidad - Autonomía provincial

La Ley 14997 de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se adhirió al Título I, Ley 27348, por invitación del art. 4, es inconstitucional por delegar facultades "reservadas" y exclusivas de la Provincia de Buenos Aires a un órgano administrativo perteneciente a la jurisdicción nacional, claramente vedado por los arts. 1, 5, 34, 121 y 123, Constitución Nacional y art. 1, Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por lo que son inaplicables en estos autos los arts. 1, 2, 3 y 4, Ley 27348 y el ap. 1, art. 46, Ley 24557, según art. 14, Ley 27348. Por similares argumentos, resultan también inconstitucionales los arts. 21 y 22, Ley 24557, que otorgan competencia para el tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, determinación o no de incapacidad permanente, naturaleza laboral de las lesiones y fijación del importe indemnizatorio en los términos del régimen tarifado a organismos administrativos nacionales y, por lo tanto, ajenos a la estructura administrativa o judicial provincial.
Zapata, José Luis vs. Berkley International ART S.A. s. Accidente de trabajo - Acción especial /// Trib. Trab., Mercedes, Buenos Aires; 19/09/2018.

viernes, 28 de septiembre de 2018

Disposición 904 / 2018 - Tarifario para el Servicio de Prestaciones Adicionales

Texto Completo


VISTO el Expediente Nº EX-2017-16480002-APN-DCPP#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la Ley Nº 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, los Decretos Nros. 1.679 del 20 de noviembre de 2.006 y 813 del 30 de mayo de 2.014, las Disposiciones Nros. 191 del 4 de octubre de 2005, 695 del 6 de septiembre de 2013, 56 del 12 de febrero de 2015 y 1.241 del 17 de diciembre de 2.015, todas del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y

CONSIDERANDO:
Que conforme las previsiones del artículo 5 de la Ley 26102, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA tiene jurisdicción en los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), así como en sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, siendo su misión esencial la de preservar la seguridad pública en el ámbito aeroportuario a través de la prevención y conjuración de delitos, faltas y hechos vulneratorios del orden público.
Que por el Decreto 1679/06 se aprobó el "SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES" de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, conforme a los términos y condiciones establecidos en su Anexo.
Que el artículo 2 del citado Decreto establece: "Facúltase al titular de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a dictar las normas complementarias y aclaratorias pertinentes a efectos de determinar las prestaciones adicionales que se brindarán, así como también el arancelamiento de las mismas".
Que por las Disposiciones PSA Nros. 191/05 y 687 del 3 de septiembre de 2013, se determinaron los términos y condiciones para solicitar y gestionar el Servicio de Prestaciones Adicionales.
Que por la Disposición 194 del 25 de junio de 2007 del Registro de esta Institución se aprobó el "Tarifario para el Servicio de Prestaciones Adicionales" de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que por las Disposiciones PSA Nros. 587 del 8 de octubre de 2010, 695/13, 56/15, 1.241/15 y 130 del 14 de febrero de 2017 se modificó el "TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES" de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que los valores establecidos en el "TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES" de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA se encuentran a la fecha desactualizados, lo que resulta un factor determinante para los adherentes al Servicio de Prestaciones Adicionales de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que esa desactualización resta motivación y afecta la voluntariedad del personal para adherirse a la programación de tales servicios, impactando directamente en la capacidad institucional de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas.
Que con el objeto de promover entre el personal policial de esta Institución la adhesión a la programación de tales servicios, resulta pertinente la actualización del referido tarifario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en el marco de las competencias y facultades conferidas por la Ley 26102 y los Decretos Nros. 1.679/06 y 274 del 29 de diciembre de 2015.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:

Artículo 1: Apruébase el "TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES" de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, que como Anexo (DI-2018-37144737-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.

Artículo 2: El "TARIFARIO PARA EL SERVICIO DE PRESTACIONES ADICIONALES" aprobado en el artículo precedente entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Disposición en el BOLETÍN OFICIAL.

Artículo 3: Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alejandro Itzcovich Griot.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

Resolución 65 / 2018 - Comisiones y delegaciones médicas. Mendoza. Competencias. Funciones. Asiento.

Texto Completo


VISTO el Expediente EX-2017-28668049-APN-GACM#SRT, las Leyes Nº 19.549, 24241, 24557, 26425, 27348, la Ley de la Provincia de MENDOZA 9.017, los Decretos 1759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017), 2104 y 2105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 37 de fecha 14 de enero de 2010, 179 de fecha 21 de enero de 2015, 01 de fecha 05 de enero de 2016, 27 de fecha 10 de abril de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, creó las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, y a su vez, estableció que como mínimo funcionará una Comisión Médica en cada provincia y otra en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES.
Que según las disposiciones del artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñaba ante las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, así como los bienes inmuebles, muebles y equipamiento técnico necesarios para el adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas, fue transferido a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).
Que a su vez, el artículo 10 del Decreto Nº 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008 facultó a esta S.R.T. a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley Nº 26.425 en materia de regulación de las citadas Comisiones Médicas.
Que por su parte, el Decreto Nº 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008, resolvió asignar a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) todas las competencias de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.A.F.J.P.) que no hayan sido derogadas por la Ley 26425, con excepción de las relativas al funcionamiento de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central, las que serán ejercidas por esta S.R.T..
Que la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 27348, en su Título I, estableció la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley 24241 y sus modificatorias, como la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter laboral de la contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Que el artículo 4° de la norma referida en el considerando anterior, invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES a adherir al mencionado Título I.
Que posteriormente, mediante la Ley Provincial 9017, la Provincia de MENDOZA adhirió a las disposiciones allí contenidas, delegando expresamente a la jurisdicción administrativa nacional, las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27348, con sujeción a las condiciones allí previstas.
Que en su artículo 2° la referida Ley Provincial ordenó constituir una Comisión Médica en cada circunscripción judicial que conforma el mapa judicial de la Provincia de MENDOZA.
Que a su vez, en su artículo 3° estableció: "Determínese que los recursos ante el fuero laboral provincial aludidos en el artículo 2 de la Ley 27348 y artículo 46 de la Ley 24.557 (texto según modificación introducida por Ley 27348), deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Provincial 2144 y modificatorias, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45 días) hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad. La referida acción podrá interponerse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central. Los recursos que interpongan las aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen efecto suspensivo respecto de la incapacidad determinada y del monto de capital correspondiente y sólo lo tienen al efecto devolutivo. La acción laboral ordinaria que por esta ley se otorga a los trabajadores, produce la atracción del recurso que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en sede laboral resultará vinculante para ambas partes".
Que mediante la Resolución S.R.T. 27 de fecha 10 de abril de 2018 se determinó la cantidad de TRES (3) Comisiones Médicas: N° "4 A", N° "4 B" y N° 32, junto con las Delegaciones en la Provincia de MENDOZA, previendo la creación de DOS (2) Delegaciones con asiento en las Localidades de San Martín y Tunuyán de la Comisión Médica N° 4, con asiento en la Ciudad de Mendoza.
Que la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, manifestó mediante ME-2018-36516373-APN-GACM#SRT, que en virtud de que actualmente las citadas Comisiones Médicas y Delegaciones se encuentran planamente operativas, resulta necesario el dictado de un nuevo acto administrativo que defina las competencias y establezca los asientos de las mismas, a los fines de asegurar una adecuada cobertura geográfica y que el trabajador pueda solicitar la intervención de la Comisión Médica, con competencia en el domicilio seleccionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 27348.
Que las referidas Delegaciones cumplirán las mismas funciones que las Comisiones Médicas y sustanciarán los trámites previstos en la Resolución S.R.T. 179 de fecha 21 de enero de 2015 y en el Título I de la Ley 27348, en las localidades pertenecientes a las circunscripciones judiciales detalladas en la presente resolución.
Que corresponde delegar en la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas la facultad para que, ante situaciones de necesidad y urgencia, derive la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a la correspondiente, respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1759 de fecha 03 de abril de 1972 (t.o. 2017) y el artículo 3 de la Ley 19549.
Que en virtud de lo manifestado, deviene necesario realizar un nuevo acto administrativo al tiempo que se deja sin efecto la Resolución S.R.T. 27/18.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que confieren la Ley 24241, los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley Nº 24.557, el artículo 15 de la Ley Nº 26.425, el artículo 10 del Decreto 2.104/08, el artículo 6 del Decreto 2105/08, el artículo 3 de la Ley 19549 y el artículo 2° del Decreto Reglamentario 1759/72 (t.o. 2017), en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27348 y la Ley Provincial de MENDOZA 9017.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1: Determínase la cantidad de TRES (3) Comisiones Médicas de la Ley 24241 y DOS (2) Delegaciones para todo el territorio de la Provincia de MENDOZA.

Artículo 2: Establécense las siguientes Comisiones Médicas en el territorio de la Provincia de MENDOZA:
- Comisión Médica N° "4 A" y Comisión Médica N° "4 B" con asiento en la Ciudad de Mendoza (Provincia de MENDOZA) y DOS (2) Delegaciones (San Martín y Tunuyán).
- Comisión Médica N° 32 con asiento en la Ciudad de San Rafael (Provincia de MENDOZA), UNA (1) Comisión.

Artículo 3: Defínese la competencia territorial de las Comisiones Médicas de la Provincia de MENDOZA, que a continuación se detallan, de la siguiente manera:
- Comisiones Médicas N° "4 A" y N° "4 B", con competencia en las ciudades que comprenden la Circunscripción Judicial Primera de la Provincia de MENDOZA y, a través de las Delegaciones con asiento en las Localidades de San Martín y Tunuyán, las Circunscripciones Judiciales Tercera y Cuarta, respectivamente.
- Comisión Médica N° 32, con competencia en las ciudades que comprenden la Circunscripción Judicial Segunda de la Provincia de MENDOZA.

Artículo 4: Determínase que las Delegaciones de las Comisiones Médicas cumplirán las mismas funciones que las Comisiones Médicas y sustanciarán los trámites previstos en la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 179 de fecha 21 de enero de 2015 y en el Título I de la Ley 27348.

Artículo 5: Establécense los asientos de las Comisiones Médicas y las Delegaciones que a continuación se detallan:
- Comisiones Médicas N° "4 A" y N° "4 B":
Domicilio: Pedro Molina N° 565, Mendoza (C.P. M5500GAF), Provincia de MENDOZA.
- Comisión Médica Nº 32:
Domicilio: Lugones N° 198, San Rafael (C.P. M5602CSD), Provincia de MENDOZA.
- Delegación de Tunuyán:
Domicilio: San Martín N° 1.900, Tunuyán (C.P. M5560EWS), Provincia de MENDOZA.
- Delegación San Martín:
Domicilio: Balcarce N° 401/415 esquina Moreno N° 102, San Martín (C.P. M5570BII), Provincia de MENDOZA.

Artículo 6: Facúltase a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para que, ante situaciones de necesidad y urgencia, derive la sustanciación de los trámites a una Comisión Médica distinta a la correspondiente, respetando a los fines de la vía recursiva, la competencia territorial optada por el damnificado.

Artículo 7: Las Comisiones Médicas tendrán, entre sus funciones, visar o fiscalizar los distintos exámenes médicos previstos en la Resolución S.R.T. 37 de fecha 14 de enero de 2010.

Artículo 8: Establécese que para iniciar cualquier tipo de trámite ante las Comisiones Médicas, las partes deberán solicitar, a opción del trabajador, la intervención de la Comisión Médica correspondiente al domicilio real del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios del trabajador o del domicilio laboral donde habitualmente aquel se reporta.

Artículo 9: Los horarios de atención de las referidas Comisiones Médicas y sus respectivas Delegaciones serán publicados oportunamente en el sitio web de la S.R.T. http://www.srt.gob.ar.

Artículo 10: Déjese sin efecto la Resolución S.R.T. 27 de fecha 10 de abril de 2018, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 11: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 12: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Gustavo Darío Moron.