martes, 18 de junio de 2013

Temporal > Ley 26773 - Art. 3, Ley 26773 - Aplicación inmediata

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de febrero de dos mil trece, siendo día y hora designado a los fines de la lectura de la sentencia, en estos autos caratulados: "MORENO ANIBAL C/ CNA ART S.A. - LEY 24.557 - EXPEDIENTES REMITIDOS POR LA JUSTICIA FEDERAL" EXPTE. 62057/37, se constituye en audiencia oral y pública el Tribunal Unipersonal de la Sala Décima del Trabajo integrado por el Dr. Carlos A. Toselli, de los que resulta que a fs. 151/160 comparece el Sr. ANIBAL MORENO, D.N.I. 6.724.635, interponiendo demanda y prosiguiendo la instancia recursiva - apelativa contra CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., con domicilio en Avda. Colón 883, de esta ciudad, por ser la Aseguradora de Riesgos de Trabajo que cubría las contingencias previstas en la ley 24.557, que fue contratada por su empleadora VAWA S.A.C.I.C.I., y cuyo contrato se encontraba vigente al momento del Accidente de Trabajo sufrido. Manifiesta que presentó denuncia por ante la Aseguradora CNA, el día 31-05-2002, acompañando los respectivos certificados médicos, tanto de la Dra. Martha V. Greenway, como el del Dr. Miguel E. Colazo, refiriendo haber padecido un accidente de trabajo y como consecuencia de ello una incapacidad parcial, permanente y definitiva para trabajar. Que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo CNA, no se expidió expresa, ni fehacientemente, ni aceptando ni rechazando la pretensión, por lo que corresponde el apercibimiento del art. 6 del Dec. 717/96. Que no obstante esa parte concurrió ante la Comisión Médica, presentando la denuncia respectiva el 30-08-02. Que la propia Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada, efectuó las prestaciones en especie correspondientes. Que la Aseguradora no negó nunca la existencia y circunstancias del hecho denunciado, lo que implica que reconoció la existencia del accidente de trabajo. Que se deja expresamente impugnada la documental acompañada por la parte demandada, obrante a fs. 41/46. Que la A.R.T. jamás negó la existencia del siniestro, ni siquiera negó lo denunciado por esa parte. Que a pesar de todo, la Comisión Médica se expide mediante un dictamen parcialmente arbitrario, infundado con fecha 19-11-02, expediente 005-L-01915/02. Que esa parte interpone el recurso de apelación previsto en el art. 46 inc. 1 de la ley de Riesgos del Trabajo. Que la propia Comisión Médica, había concluido en su dictamen bajo el título CONCLUSIONES: "... Se trata de un damnificado que sufrió un accidente de trabajo que se produjo en momentos de realizar sus tareas al agacharse a colocar una baliza en el piso de la ruta y ser embestido por una motocicleta que le golpea directamente el costado derecho de la cabeza; una herida en región de pabellón auricular y pérdida fugaz de conocimiento, asistido inmediatamente por la aseguradora...", más adelante, bajo el título CONTINGENCIAS, dictaminó: "Accidente de Trabajo". Sostiene la competencia provincial en la materia y de la inconstitucionalidad dictada del art. 46 inc. 1 de la Ley 24557, lo que ya ha sido resuelto en el presente expediente, según surge a fs. 140, y quedó firme y consentido por las partes. Cita jurisprudencia al respecto. Que en la presente causa en definitiva, se ventila si corresponde o no el pago de las prestaciones por contingencias que han producido daños en la salud de esa parte como consecuencia de un accidente de trabajo sufrido con fecha 19-09-2000, siendo aproximadamente las 18:10 hs., mientras se encontraba en horario de trabajo y realizando tareas propias de su labor, en dicho momento se encontraba en el lugar asignado para la señalización vial, en la Av. Juan B. Justo, a la altura de la Empresa Pritty S.A. Que debía junto con un compañero realizar la señalización de la ruta, pintando la misma con una máquina que tiene un pulverizador. Que se van marcando con conos plásticos los lugares donde ya pasó el pulverizador para que no se pise la pintura fresca. Cuando la pintura se seca, se retiran los conos. Que precisamente alrededor de la 18:10 hs. mientras realizaba la tarea de levantar los conos que señalaban la pintura, fue embestido por una moto, siendo despedido a varios metros de distancia, como consecuencia de la caída pierde el conocimiento. Que luego fue atendido por cuenta y orden de la A.R.T., en la Clínica Romagosa. Que se desempeñó laboralmente en la empresa VAWA S.A.C.I.C.I., sito en José María Paz 216, B° Arguello, Ciudad de Córdoba, con fecha de ingreso 01-11-1992, en la categoría de Oficial Especializado, según Convenio Colectivo aplicable a la Empresa Empleadora, hasta el año 2001, fecha en que cesa la relación laboral, atento no poder cumplir con su trabajo por la incapacidad sobreviniente al accidente. Teniendo como aseguradora a CNA A.R.T. S.A. , con domicilio en Av. Colón 883, en la Ciudad de Córdoba. Que ha denunciado en tiempo y forma tanto a la Aseguradora, como a la Comisión Médica Córdoba que padece de las siguientes secuelas del accidente según certificado médico expedido por su médica tratante Dra. MARTHA V. GREENWAY y que obra incorporado al expediente a fs. 6 y 53: "CERTIFICO que el Sr. MORENO ANIBAL de 57 años de edad, D.N.I. 6.724.635, ha sido examinado y evaluado exhaustivamente. Trabajó en la empresa VAWA S.A. Señalizaciones Viales. Manifiesta que el día 19 de Septiembre de 2000, aproximadamente a las 18:10 hs., en circunstancias que se hallaba retirando los conos de señalización de la ruta fue embestido por una moto lo que ocasiona traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, traumatismo de columna cervical, lumbar, y rodilla izquierda. Tratado en Clínica Romagosa. Actualmente se encuentra afectado de: Gonalgia bilateral Postraumática, Cervicobraquialgia Postraumática, Lumbociatalgia Postraumática, Síndrome Subjetivo Postconmocional con cefaleas, mareos, inestabilidad, trastornos de la memoria y dificultad para la concentración, desorientación, ansiedad, Afecciones que generan una INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE DEL CUARENTA POR CIENTO DE LA T.O. (40 % DE LA T.O.), SEGÚN BAREMOS ORIENTATIVOS CONSULTADOS Y Baremo Ley 24557. SE CALIFICA MEDICO LEGALMENTE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO. Se expide el presente certificado en la ciudad de Córdoba a 7 días del mes de Mayo de 2002". Que asimismo el Dr. Miguel E. Colazo, especialista en Psiquiatría y Medicina Legal, ha diagnosticado: "Córdoba, 21 de Mayo de 2002... Asiste en la especialidad de Psiquiatría al paciente Aníbal Moreno, D.N.I. 6.724.635, de 56 años, nacido el 9 de Noviembre de 1945... Que, como antecedente patológico de enfermedad actual, el paciente sufrió el año pasado un accidente de trabajo mientras cumplía funciones para una empresa de señalamiento vial... El paciente empezó a notar que se olvidaba las cosas que hacía o que debía hacer, iniciando algo y no sabiendo como terminarlo. Además de esos olvidos, una típica amnesia de fijación, el paciente notó que, con demasiada frecuencia, se mareaba o perdía el equilibrio, con una sensación de embotamiento mental. Presentaba pesadillas nocturnas con el accidente y quedó con miedo paralizante a cruzar o caminar por la calle. Presenta un trastorno por Estrés Post Traumático que le provoca una incapacidad laborativa, psíquica, parcial y permanente del 20 (veinte) por ciento". Diagnostico psiquiátrico confirmado por la comisión médica, controvirtiendo el porcentaje asignado. Que la A.R.T., aceptó la existencia y calificación legal del siniestro como Accidente de Trabajo, no controvirtiendo jamás que se trataba de una contingencia cubierta y prevista por la LRT, en su art. 6. Que el día 19/11/2002, la Comisión Médica en su capítulo de conclusiones dictamina lo siguiente: "... Se trata de un damnificado que sufrió un accidente de trabajo que se produjo en momentos de realizar sus tareas al agacharse a colocar una baliza en el piso de la ruta y ser embestido por una motocicleta que le golpea directamente el costado derecho de la cabeza; una herida en región de pabellón auricular y pérdida fugaz de conocimiento, asistido inmediatamente por la aseguradora...", más adelante, bajo el título CONTINGENCIAS, dictaminó: "Accidente de Trabajo", siendo que esto no fue controvertido por las partes y que entonces quedó firme y consentido. Cita al respecto doctrina y jurisprudencia. Denuncia violación del principio de igualdad de trato entre las partes. Solicita la inaplicabilidad del pago en forma de renta. A fs. 171 obra el acta de la audiencia de conciliación en la que las partes no se avinieron. Concedida la palabra al actor, dijo que se ratificaba de la demanda y el recurso interpuesto pidiendo que sea tenido como parte integrante de la demanda solicitando se haga lugar a los mismos con intereses y costas. Concedida la palabra a la demandada manifestó que por las razones de hecho y de derecho que expresa en su memorial, solicita el rechazo de la demanda con costas. Interpone excepción de falta de acción y reserva de Caso Federal. A fs. 167/170 obra memorial de contestación de demanda donde niega todos y cada uno de los dichos, hechos y derecho invocados por la actora. Niega que su representada haya incurrido en silencio frente a la denuncia del actor. Niega corresponda la aplicación de apercibimiento alguno. Que es cierto que se denunció un accidente de trabajo y que esa parte otorgó al actor las prestaciones que por ley son a su cargo. Que ratifica dictamen de Comisión Médica, y mantiene impugnación al certificado médico expedido por la Dra. GREENWAY. Niega que el actor padezca de gonalgia bilateral postraumática, cervicobraquialgia postraumática, lumbociatalgia postraumática, y síndrome subjetivo postconmocional con cefaleas, mareos, inestabilidad, trastornos de la memoria, dificultad par la concentración, desorientación, y ansiedad. Niega que aquellas patologías que han sido certificadas inaudita parte puedan ocasionar al actor una incapacidad del 40 % de la T.O., y que puedan calificarse legalmente como accidente de trabajo. Niega también que el actor padezca de trastorno de estrés postraumático y que tal patología que tiene por negada pueda provocarle una incapacidad psíquica del 20 % de la T. O., y que pueda definirse como parcial y permanente. Niega que el actor ingresara a prestar servicios para la empresa VAWA S.A.C.I.C.I, en la fecha que refiere, y que hubiera cesado luego del infortunio que invoca como sufrido. Que es cierto que el actor denunció la existencia de la contingencia. Impugna los componentes de la fórmula utilizada por el actor en su demanda para la determinación de su supuesta incapacidad. Impugna el monto resultante, y en consecuencia, niega que esa parte adeude al actor la suma que indica, ni ninguna otra. Impugna la pretensión de pago único. Subsidiariamente, plantea la Excepción de Falta Acción. Responde a los Planteos de Inconstitucionalidad. Formula reserva del Caso Federal. Abierta la causa a prueba la ofrece la parte actora conforme su escrito obrante a fs. 174/176 y la parte demandada conforme su escrito de fs. 177/178, a lo que el Tribunal se remite. Diligenciadas las correspondientes ante el Juzgado de Conciliación se elevan los autos a esta instancia donde tiene lugar la audiencia de la vista de la causa, de conformidad a lo que dan cuenta las actas de fs. 600 y 606, quedando los presentes autos en estado de dictar sentencia. El Tribunal se planteó la siguiente y ÚNICA CUESTIÓN A RESOLVER: ¿QUE RESOLUCIÓN CORRESPONDE ADOPTAR RESPECTO A LOS RECLAMOS FORMULADOS POR EL ACTOR EN SU DEMANDA Y A LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS?. A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. CARLOS A. TOSELLI, DIJO: La presente acción tiene varias particularidades a analizar. En primer lugar es un supuesto donde el trabajador siguió en un primer momento el esquema explicitado por la Ley de riesgos del trabajo 24557. Ante el sufrimiento de un accidente de trabajo que según denuncia le origina diversas patologías que sostiene guardan relación causal con las labores desarrolladas a las órdenes de la Empresa Vawa S.A.C.I.C.I, efectúa el reclamo ante la A.R.T., sin que obre respuesta favorable alguna de dicha ART y sin que se hubiera reconocido la pretensión del accionante. Ante tal situación es que el actor comparece ante la Comisión Médica Nro. 5, la que finalmente determina que padece de una incapacidad del 10,50 % de la t. o. por su patología diagnosticada como Desorden Mental orgánico post traumático grado I-II, incluyendo en dicho porcentaje al factor de ponderación edad. Dicha incapacidad según consta en autos es abonada por la ART por la suma de $ 2.800 (fs. 159 vta). El actor disconforme con dicho diagnóstico que afirma infravalora su grado de incapacidad y no toma en consideración sus afecciones físicas en columna y rodilla interpone la pertinente demanda judicial, ante los tribunales federales de la ciudad de Córdoba, los que en última instancia se declaran incompetentes, en razón del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Castillo", requiriendo en consecuencia ante la Justicia Provincial en la demanda así dispuesta por adecuación dispuesta por el a quo se determine su verdadero grado de incapacidad y ataca además el mecanismo de renta periódica, pidiendo que la indemnización que resulte sea abonada en un pago único. La demandada a fs. 167/170, al contestar la demanda, plantea una serie de defensas de carácter procesal para ser resueltas con el fondo de la cuestión. Así interpone planteo de falta de acción e improcedencia del reclamo actor en atención a que la ART demandada no es responsable del pago de otras indemnizaciones existentes en otros ordenamientos jurídicos positivo, señalando que la contingencia reclamada no está especificada dentro de la propia normativa. Al respecto he sostenido que tal planteo defensivo de ausencia de acción judicial no tendrá andamiaje, ya que como lo he expresado en otros pronunciamientos, afirmo con relación al rol de las Comisiones Médicas, que conforme el precedente de la Corte en "Castillo", las Comisiones Médicas revisten carácter federal (... máxime cuando las comisiones mencionadas son "organismos de orden federal" (Fallos: 322:1220) - Considerando 2), razón por lo cual resulta contradictorio otorgarle carácter de tribunal administrativo de primera instancia, ya que si ello fuera así, necesariamente debería recurrirse ante la instancia federal, lo que fuera expresamente descalificado por nuestro máximo Tribunal Nacional y por la propia Justicia Federal en pronunciamiento que ha quedado firme. Sostengo y así lo he dicho en numerosos pronunciamientos, previos y posteriores a Castillo, que la actuación de dicho "organismo de orden federal" sólo provee una decisión médica cuyo propósito es activar el sistema en aras a beneficiar a las víctimas de siniestros laborales ya que esa es la única razón que debería motivar al sistema creado, al menos conforme al discurso explícito de sus instrumentadores y defensores. Y cómo se benefician las víctimas: obteniendo lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado de manera contundente en la causa "Aquino", al expresar: "En segundo término, la solución alcanzada no acarrea la frustración de los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones perseguidas por la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no sólo deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento". La automaticidad de las prestaciones estará dada en el hecho de que obtenido dictamen favorable al trabajador, la A.R.T. está obligada a satisfacer de manera prácticamente inmediata, las prestaciones dinerarias y en especie que resulten de tal declaración, siendo la posibilidad recursiva que le otorga el sistema de mero efecto devolutivo, tal como ha ocurrido en autos, donde la ART ha debido abonar la prestación dineraria fijada por el dictamen de la Comisión Médica, más allá de estar en disconformidad con el mismo y haber interpuesto apelación al respecto (fs. 44/45). Si esto es así, reitero, el trámite ante la Comisión Médica tiene como único objetivo la activación del sistema prestacional y en última instancia está previsto para beneficio del siniestrado, ya que no hay que olvidar que como lo expresa contundentemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde los autos: "Gorosito" "... el bien jurídico protegido es la indemnidad psicofísica del trabajador dependiente; desde tal perspectiva se impone otorgar primacía a la circunstancia de que, en definitiva, el daño llegue a ser reparado" (Considerando 6). Por lo demás el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que: "Reclamadas las prestaciones de la Ley 24557 por una contingencia allí prevista, el proceso de transición generado por la declaración de inconstitucionalidad de numerosas normas de aquel sistema justifica que en el particular no se priorice el paso por la instancia administrativa -arts. 21 y 22 íb..." (Autos: "FERREYRA JUAN SILVANO C/ OMEGA A.R.T. - DDA - REC/S DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD" - Sentencia 204 de fecha 24 de octubre de 2.007), lo que a su vez fuera corroborado de manera contundente en el reciente fallo dictado en la causa: "Obregón Francisco Víctor c/ Liberty ART" (sentencia de fecha 17 de abril de 2.012) donde nuestro máximo tribunal en el aspecto que compete a este tema señaló: "3) Que la solución del litigio en los términos indicados importó, asimismo, una inequívoca desatención de la doctrina constitucional afirmada por esta Corte en "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A." (Fallos: 327:3610 2004). En efecto, si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante "organismos de orden federal", como lo son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT (Castillo, cit., pág. 3620 y su cita)". Delimitado este aspecto, que implica per se la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la Ley 24557 y del trámite recursivo previsto por el Decreto 717/96 y como correlato lógico la desestimación del planteo de falta de acción efectuado por la demandada, ya que si se comprueba el daño reclamado por el accionante, la ART demandada será quien deberá responder patrimonialmente para dar respuesta a las prestaciones dinerarias del sistema. Aclarado este aspecto he de adentrarme al estudio de la cuestión sustancial incoada. Con esas premisas procederé en primer lugar al análisis de la pericia médica judicial obrante a fs. 535/539 realizada por el Dr. José Luis Puebla quien luego de transcribir las numerosas revisaciones médicas y psicológicas del actor y de evaluar su cuadro patológico determina que el accionante padece de Desorden Mental Orgánico Post traumático grado IV que le ocasiona una incapacidad del 30 % de la t.o. y que por las afecciones óseas (Gonalgia bilateral postraumática y Cervicalgia Postraumática) padece un 7 % de incapacidad a la que aplicando el método de la capacidad residual determina que importa una incapacidad indemnizable del 4,9 % de la t.o. A ello agrega como factor de ponderación: el 20 % por dificultad elevada para la realización de tareas: 20 % lo que implica el 6,98 % (y no el 6,80 %) como erróneamente marca el perito, no considerando necesaria recalificación profesional y por el factor edad al ser mayor de 31 años le otorga un 0,50 % adicional lo que significa un total del 42,30 % de la t.o. En la aclaratoria de fs. 549 el Dr. Puebla admite que por un error involuntario cuantificó equivocadamente la cervicalgia postraumática en un 3 % debiendo ser un 2 % con lo cual las afecciones óseas se reducen al 6 % de la t.o., quedando en consecuencia el total indemnizable de acuerdo a dicha ampliación en el 41,54 % de la t.o. (30 % por la afección psiquiátrica, 4,2 % por las afecciones óseas -6 % del 70 % de Capacidad residual restante) 6,84 % por dificultad grave para realizar tareas (20 % del 34,20 % de incapacidad determinada) y 0,50 % por el factor edad. Señalo que con relación al desorden mental orgánico postraumático el perito modifica su grado de incapacidad señalando que es del 40 % pero luego en el relato hace mención que el propio perito psiquiatra ha especificado que de ese total el 10 % corresponde a las consecuencias del ACV que había padecido con anterioridad y también el Dr. Puebla especifica que dicho ACV le provocó una incapacidad del 10 % de la t.o. con lo cual y resumiendo tenemos que el actor tiene una incapacidad del 10 % por el ACV inculpable, con lo que no puede constituir preexistencia, un 30 % por su incapacidad psiquiátrica atribuible al accidente padecido y un 10 % de incapacidad psiquiátrica deriva del ACV por lo que la misma no puede ser computable. En atención a ello ratifico que la sumatoria de incapacidad resarcible es del 41,54 % de la t.o, conforme al detalle que he especificado supra. A pesar de haber concurrido al acto pericial los peritos de control de las partes no han presentado informe en disidencia con respecto al mismo (fs. 555) razón por lo cual debe tenérselos por conforme. Con relación a las impugnaciones realizadas por la demandada a fs. 544 y 553 las mismas resultan meramente dogmáticas y en modo alguno rebaten científicamente el informe del Dr. Puebla, por lo que deben ser desestimadas. Con relación a la pericia psiquiátrica, obrante a fs. 446/452 la misma concluye que por el accidente laboral el actor padece una incapacidad del 30 % de la t.o., con lo que en definitiva es concordante con la pericia médica oficial que también incluye el componente psiquiátrico en su informe. En atención a lo señalado le otorgo valor científico al acto pericial realizado con el porcentaje de incapacidad allí determinado, corrigiendo los errores numéricos conforme el detalle que ha señalado el Tribunal y que determinan como incapacidad indemnizable, tal como lo expresara supra el 41,54 % de la t.o. incluyendo en ello a los factores de ponderación tal como se señalara supra. Con relación al hecho traumático denunciado el mismo no ha sido controvertido por la demandada, la que abonó el dictamen de la Comisión Médica Nro. 5, más allá del cuestionamiento al grado de incapacidad allí fijado y las circunstancias del siniestro son las que ha admitido como tal el propio órgano administrativo. Más allá de ello y a mayor abundamiento en la audiencia de la vista de la causa declaró como testigo el Sr. VICENTE GALO OLIVA, quien dijo ser argentino, casado, domiciliado en B. Lasalle, se dedica a la construcción, antes estaba en una empresa vial "VAWA", de allí lo conoció al actor. Que el actor era encargado del personal, daba órdenes, el actor llevaba a la gente a trabajar y ponía y recogía los conos. Que él, del accidente se enteró después, ya que el dicente era banderillero, él iba adelante, 20 o 30 metros del camión, él se enteró al último que se había accidentado el actor, que una moto lo había atropellado, el dicente no lo vio porque se quedó con el camión. Sabe que lo llevaron a una clínica, volvió al tiempo. Que él se enteró que se había golpeado, se enteró que la moto le golpeó las piernas y se cayó y se golpeó la cabeza. Que después del accidente lo notó más raro, raro al hablar y al caminar. Con esta declaración testimonial sumado a las constancias de la causa, no tengo dudas respecto de la existencia del siniestro, de origen laboral cuyas consecuencias físicas y psíquicas han sido determinadas por la pericia médica a la que le he dado valor. Acreditado que el accionante porta las patologías que invoca en su demanda, y el grado de incapacidad que ellas le provocan con nexo causal adecuado con el accidente padecido y el daño constatado en su salud, en los términos del Decreto 1278/00 y a la luz del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Silva Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A." (Sentencia de fecha 18-12-2007) donde nuestro máximo Tribunal expresara: "si se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente a un hecho antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley de riesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferente del derecho común". Si ello es así para reclamaciones con fundamento en el derecho común, mucho más lo es cuando lo que está en discusión es si la patología deriva de un accidente de trabajo, que expresamente está contemplada dentro del art. 6 inc. 1 de la Ley 24557. En atención a ello se admite la procedencia de la acción incoada. Determinada la necesidad de resarcimiento del accionante, para cumplir así con el mecanismo prestacional establecido en la Ley 24557 con su reforma por el Decreto 1278/00, debo verificar cómo ha de operar el mismo. Debe tenerse en cuenta que habrá de estarse a la fecha de la denuncia del Accidente de Trabajo (19 de setiembre de 2.000, fojas 3 vta.) como fecha de la primera manifestación invalidante y que atento al grado de incapacidad determinado por la pericia médica judicial, el actor es acreedor a la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24557, como pago único. En el caso que nos ocupa, se trata de la víctima de la secuela de un accidente de trabajo, según se ha determinado, de 54 años de edad al momento de la primera manifestación invalidante (fecha de nacimiento 9-11-1945, según se denuncia en demanda y surge corroborado con la fotocopia del documento de identidad de fs. 4) y que sufrió lesiones que secuelarmente le provocaron una incapacidad laborativa parcial, permanente, definitiva, no indemnizada, del orden del 31,04 % de la T. O., (41,54 % determinado por la pericia médica menos el 10,50 % de incapacidad ya abonado por la ART según expresamente se reconoció en demanda) incluyendo en ello a los factores de ponderación, según el siguiente detalle: Incapacidad psiquiátrica: 30 % de la t.o., Incapacidad Física ósea (Columna y rodillas): 6 % del 70 %: 4,20 %. Dificultad para realizar sus tareas habituales: Grave: 20 % del daño indemnizable: 6,84; Factor de ponderación edad: 0,50: Total de incapacidad: 41,54 % de la t.o., a lo que debe descontarse lo ya abonado por la ART del 10,50 % de la t.o., con lo cual queda un remanente no indemnizado del 31,04 % de la T. O. A fin de determinar la cuantía adeudada deberá calcularse la indemnización que corresponda como prestación de pago único conforme la fórmula legal. La cuestión de la aplicación de la ley en el tiempo merece diversas consideraciones, ya que el accidente ocurrió con la vigencia de la Ley 24557 en su texto originario, la Comisión Médica se expidió estando vigente el Decreto 1278/00, la pericia médica judicial a la que le ha dado valor ocurrió bastante después de dictado el Decreto 1694/09 y la sentencia se dicta con la reforma operada por la Ley 26773. Así las cosas el cambio normativo genera diversas perplejidades, ya que si se aplicara el mecanismo originario de la ley le hubieran correspondido 10 años y 2 meses de renta periódica, mientras que se aplicaba el mecanismo del Decreto 1278/00 su indemnización se reducía al quedar incurso en la fórmula de pago único. Ya he tenido oportunidad de pronunciarme respecto de que considero aplicable al caso la Ley 26773 lo que implica para su caso los siguientes aspectos: a) inconstitucionalidad del tope legal fijado por el art. 14, apartado 2 inc. a) Último párrafo de la Ley 24557; b) aplicación inmediata del art. 17 inc. 6 de la Ley 26773 y c) incremento del 20 % de la fórmula resarcitoria por imperio del art. 3 de la nueva norma. Respecto de la inconstitucionalidad del tope legal, el suscripto ya se ha expedido con anterioridad respecto de la procedencia de lo peticionado, por lo que sobre el particular reiteraré lo ya señalado. Así expresé: "El punto a verificar es la razonabilidad de tal determinación del legislador de fijar un tope máximo por punto de incapacidad y cómo ello ha incidido en el caso concreto. Sobre el particular debo señalar que la razonabilidad o ausencia de razonabilidad de la medida deberá ser analizada en el contexto histórico en que debe aplicarse y en el caso concreto del trabajador. Digo esto porque la fijación de topes ha sido una constante dentro del sistema tarifado de reparación de daños y los mismos por sí solos no devienen en inconstitucionales, sino que deben ser verificados con las circunstancias que rodean al caso. Ello sin perjuicio de rememorar que los topes han sufrido importantes embates desde la doctrina y la jurisprudencia a partir del caso "Vizzoti" en esta última corte, pero también con anteriores integraciones cuando los topes se mantuvieron sin actualizar produciendo lo que se ha dado en denominar "la pulverización del real contenido económico de la pretensión". Así se dijo que "es inconstitucional la norma que fija el monto del salario mínimo vital, cuando como consecuencia de la omisión de su actualización, su proyección sobre los topes indemnizatorios se tradujo en una pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio, con lesión a la propiedad tutelada por el art. 17 de la Ley Fundamental, lo que configura sin dudas la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Autos: "Vega, H. C/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro" - D. T. 1994-A-632). En el caso de autos, la fijación del tope en cuestión ocurrió en diciembre de 2.000, es decir cuando entre otros aspectos el dólar y el peso mantenían su equivalencia monetaria y el salario mínimo estaba fijado en la suma de $ 200, mientras que en la actualidad está en $ 1.200 es decir seis veces más, pero lo que es más importante es que habiendo renacido con fuerza la negociación colectiva y en especial la discusión salarial se han producido incrementos convencionales que en la actualidad han determinado que con salarios apenas superior al mínimo legal ya se encuentre comprendido dentro de la limitación fijada por el tope al aplicar la fórmula legal para determinar la cuantía a resarcir. El mecanismo de topes legales no puede constituir una valla que afecten derechos constitucionales y de ese modo privar a trabajadores dañados de un resarcimiento acorde, máxime cuando los mismos se mueven dentro de la tarifa legal, que al utilizar el parámetro salarial para fijar el Ingreso Base Mensual toma en consideración -aunque en forma acotada- justamente los incrementos producidos en el salario de la víctima en el período en cuestión fijado por la ley (más allá de las consideraciones que al respecto el suscripto formulara cuando el I. B. M. no refleja la realidad salarial por su mecanismo de promedio como fuera el caso analizado en los autos: "Molina c/ Liberty", o cuando su proyección hacia el futuro, a través del sistema de provisoriedad de las incapacidades y las prestaciones dinerarias que se abonan dentro de tal período, resulte claramente irrazonable y violatoria de los derechos de la víctima, como se resolviera en los autos: "Taborda c/ Color Living S.A."). En ese sentido comparto lo sostenido en reciente pronunciamiento por el Dr. Mauricio César Arese cuando expresara: "No se cuestiona en este pleito el tope como política legislativa limitante de hipotéticas medidas de protección monetaria frente a la lesión del derecho fundamental a la integridad psicofísica, sino que el legislador ha actuado con desidia tal que está desnaturalizando e incursionando por debajo del nivel de protección que la propia norma base ha pretendido implantar para garantizar esa protección. La limitación congelada del art. 12 LRT por más que aparezca en este caso con un monto no importante, significa en fin, un recorte al derecho fundamental de fondo sin fundamento ni racionalidad alguna. Finalmente, existe un dislate legislativo al mantener la vigencia de un límite resarcitorio en materia de siniestros laborales cuando ha sido superado por la realidad durante varios años (art. 12) en el marco del publico y notorio cuestionamiento doctrinario y jurisprudencial de la actual LRT aceptado por la CSJN en diversidad de materias tales como competencia, "Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.", 7/9/2004; "Venialgo, Inocencio C/MAPFRE Aconcagua ART., 13/3/07"; aplicación del derecho común, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes", del 21/09/04; "Díaz Timoteo c/ Vaspia Servicios Industriales SA", 7/3/06; "Cura Hugo c/Frigorífico Riosma SA", 14/6/05; "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07; "Cachambi Santos c/Ingenio Río Grande SA", 12/6/07; prestaciones periódicas, "Milone, Juan Antonio c. Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente", 26/10/04; ponderación del resarcimientos de daños, "Aróstegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA y otro", 8/4/08 y el sometimiento a la acción sistemática, "Llosco Raúl c/Irmi SA", 12/6/07 y "Vallejos c/ Regesin Labs", CSJN, 12/6/07. 7. En el caso, el análisis aquí efectuado no deja otra posibilidad y la convicción de que en las actuales circunstancias, el art. 14, 2, párrafo final, aniquila derechos y garantías constitucionales y debe ser declarado contrario a la Carta Magna. Todo lo expuesto, lleva a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, 2 párrafo final, por resultar irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN), el derecho de propiedad del actor (art. 17 CN) y el principio de no regresión normativa (art. 75, inc. 23, CN) y de progresividad (art. 2.1. del PIDESC, art. 75 inc. 22 CN)" ("Flores, Martín Antonio c/ Consolidar ART S.A. - Ordinario - otros", Expte. 74275/37 - Sentencia 168 de fecha 16 de octubre de 2.008). En consecuencia al igual que en el precedente analizado no cabe otra alternativa más que declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de tope parcial fijado en este caso concreto en el art. 14 apartado 2 inc. a) último párrafo de la Ley 24557 y mandar a pagar la diferencia resultante entre el monto que resultaría sin tope y el abonado conforme dicha norma que ha sido descalificada" (Autos: "CASTELLANO EZEQUIEL C/ CNA ART S.A. - ORDINARIO - OTROS" EXPTE. 64472/37, Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2.008). Idéntico análisis y solución aplico en consecuencia al caso de autos, máxime cuando el Decreto 1694/2009 expresamente ha derogado el sistema de topes para el cálculo de las indemnizaciones legales. Por lo demás la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado de manera categórica en lo que hace a la descalificación de los topes legales en un esquema de reparación de daños a la salud como es el caso de la Ley 24557. En ese sentido ha dicho: "8) Que las pautas señaladas en el considerando anterior, tan terminantes y precisas como mínimas respecto del alcance de los derechos del trabajador, determinan que para la solución del sub lite no sea de aplicación el criterio seguido en "Vizzoti", en el cual, por falta de aquéllas, la "pauta" estuvo regida por la "prudencia" judicial, lo que condujo a censurar el tope legal del salario computable para el cálculo de la indemnización tarifada por despido injustificado sólo cuando imponía una merma superior al 33 % de la remuneración del despedido (cit., ps. 3690/3691). Por lo contrario, en la presente causa, ante el carácter de las aludidas referencias normativas, es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima. Luego, resulta evidente que si bien el art. 8 de la Ley 9688 (según Ley 23643) atendió, como principio, a la mentada pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, impidió, a la postre, que esta finalidad fuese lograda en los supuestos en los cuales, como el de esta controversia, resultó aplicable el importe indemnizatorio máximo que preveía. Este último arbitrio, en breve, no se adecuó a los fines que la norma debía -y pretendió, aunque sólo como principio- consagrar ("Azar" Fallos: 299:428, 430, y sus citas). La conclusión que se acaba de asentar, por lo demás, encuentra definitivo sustento en reiterada jurisprudencia de la Corte en cuanto tiene expresado que el trabajo humano exhibe características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional ("Mansilla", Fallos: 304:415, 421 y su cita) (C.S.J.N., A. 374. XLIII. Autos: "Ascua, Luis Ricardo c/ Somisa s/ cobro de pesos" - Sentencia de fecha - 10/08/2010). En el caso de autos, tal gravamen surge claro ya que de conformidad con los recibos obrantes a fs. 223/250 el Ingreso Base Mensual del actor era de alrededor de $ 1.150 según se denuncia en demanda (fs. 159 vta) y sin embargo se le abonó sobre la base de $ 266,66 por punto de incapacidad, lo cual representó el 36,37 % de la indemnización que le hubiera correspondido percibir. Respecto del segundo interrogante planteado esto es la aplicación de los nuevos valores de prestaciones dinerarias de conformidad con lo prescripto por el art. 17 inc. 6 de la Ley 26773 dicha norma en su texto especifica: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el Decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010". Dicha disposición debe ser analizada en conjunto con el inciso 5 cuando esta norma dispone: "5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha". Si la regla general es la que emana del inciso 5, para los nuevos siniestros, es lógico que lo dispuesto en el inciso 6, abarque a los siniestros anteriores que faltan de liquidar, ya sea por no haberse determinado incapacidad definitiva o bien porque la misma esté sujeta a revisión, como es el caso de autos, en la instancia jurisdiccional. Si esta no fuera la interpretación resultaría evidente que la disposición del inciso 6 sería claramente redundante e innecesaria, ya que el inciso 5 la comprendería, aspectos estos que en el análisis normativo, el Juzgador no puede presuponer como actitud del legislador. Esta ha sido la línea de análisis del Dr. Sergio Simó de la Cámara Séptima de Mendoza constituido en Tribunal Unipersonal en los autos: "GODOY DIEGO MAXIMILIANO C/ MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. p/ Accidente" (Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2.012), agregando como otros fundamentos dignos de transcripción los siguientes: "ii. Una interpretación gramatical del art. 17, inc. 6), también, lleva a esta conclusión. Repárese que a diferencia del art. 17, inc. 5) que hace alusión a ... las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie 'de esta ley' entrarán en vigencia a partir..., el art. 17, inc. 6) no se refiere a la hipótesis prevista en el art. 17, inc. 5), sino que contempla a... Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el Decreto 1.694/09... El texto legal, en este sentido, es claro y explícito: en él no se mencionan a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley, supuesto previsto en el art. 17, inc. 5), sino que por el contrario, prevé a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la LRT y sus modificatorias (Decreto 1.278/00) y su actualización por el Decreto 1.694/09 y no a las ... de esta ley... (Ley 26773). iii. Una interpretación teleológica o finalista de la norma legal, también, se encamina a este desenlace. Resulta evidente, a partir del texto legal del art. 17, inc. 6) que el legislador pretendió ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de la LRT, Decreto 1.278/00 y Decreto 1.694/09 a la fecha de publicación en el B. O. de la Ley 26773 (art. 2 CC), toda vez que el último 'ajuste' a estas prestaciones dinerarias del 'sistema' ocurrió en el año 2.009 con la sanción del Decreto 1.694/09 y solamente para aquellas contingencias laborales cuya 'primera manifestación invalidante' fueran posterior a su publicación en el B. O., dejando sin 'ajuste' alguno a aquellas cuya 'primera manifestación invalidante' fueran anteriores a su publicación en el B. O. El mensaje de elevación del P. E. del proyecto de ley que, luego del trámite parlamentario fuera sancionado como Ley 26773 avala esta postura al sostener que: 'Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación de acuerdo a la variación del índice RIPTE publicado por la S.S.S. del M.T.S.S.' Me resulta incuestionable a partir del texto mismo del proyecto de ley remitido por el P.E.N. al P. L. y que, finalmente, fuera sancionado por el Congreso Nacional que, el Estado Nacional, tenía el objetivo de ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes producidas durante la vigencias de la LRT el Decreto 1.278/00 y el Decreto 1.694/09, dado que de lo contrario hubiera hecho referencia solamente a las prestaciones dinerarias que cayeran bajo la vigencia temporal de la nueva ley y no a un '... ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación...' tal, como en definitiva, quedó plasmado en el mensaje de elevación, lo cual, reitero, resulta indudable que estaba haciendo alusión no sólo a las prestaciones alcanzadas por la nueva legislación, sino a todas '... las normas de reparación...', lo cual lleva a sostener, sin ninguna hesitación, que comprendía a las que cayeron bajo la vigencia de la LRT, al Decreto 1.278/00 y al Decreto 1.694/09". Una interpretación contraria significaría un claro desmedro de contenido patrimonial para aquellos trabajadores que a la fecha de la sanción de la Ley 26773 aún no han logrado la percepción de su crédito. De todas maneras si no se interpretara como lo sostiene el Camarista mendocino y comparte el suscripto, a la disposición del art. 17 inc. 6, sería obligación del Juzgador a tenor del precedente "Ascua" ya referenciado declarar la inconstitucionalidad de oficio de dicha norma por su clara y evidente discriminación hacia los trabajadores que sufrieron siniestros anteriores, con relación a aquellos que tuvieron como fecha de daño un momento ulterior. Adviértase que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció declarando la inconstitucionalidad de oficio en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios" (Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2.012) agregando en lo que atañe a esta cuestión: "15) Que, admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición expresa de parte, cabe realizar en autos el correspondiente examen de la norma que establece un régimen indemnizatorio específico para el personal militar. A tal efecto es necesario reiterar que el art. 76, inc. 3, ap. e), de la mencionada Ley 19101 -texto según la Ley 22511-, le reconoce a los conscriptos que, como consecuencia de actos de servicio, presenten "una disminución menor del sesenta y seis por ciento para el trabajo en la vida civil, una indemnización única que no podrá exceder de treinta y cinco haberes mensuales de su grado para el personal superior y subalterno. En lo que respecta a la finalidad y al alcance de dicho artículo, esta Corte ha considerado que resulta evidente que busca establecer un resarcimiento, lo que se compadece con lo expresado en la nota de elevación del proyecto de la ley, según la cual se persiguió "la sustitución del retiro por una adecuada indemnización de personal de la reserva incorporada y de alumnos que sufran una disminución de aptitudes para la vida civil como consecuencia de actos de servicio, y que ello obstaba a la aplicación de las reglas que regían la responsabilidad genérica (conf. causa "Bertinotti, Fallos:315:2207). 16) Que con posterioridad el precedente citado, el Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse, en casos de resarcimiento de daños producidos por accidentes, respecto del cuestionamiento con base constitucional del que serían susceptibles los sistemas especiales de responsabilidad que admitían limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral derivado del principio general alterum non laedere, si se comprobara la existencia de un menoscabo sustancial en la garantía invocada por el interesado (Fallos: 327:3753). 17) Que a los efectos de determinar si en la presente causa se produjo esa vulneración, es necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados y, por el otro, si los daños causados por la contingencia en cuestión encuentran su debida reparación con la prestación única que establece el art. 76, inc. 3, ap. c, de la 1ey 19.101. En definitiva, a partir de las normas y principios constitucionales en juego corresponde dilucidar si quedó demostrado que, tras la aplicación de pautas mensurables como las contempladas por el citado artículo, el perjuicio sufrido excede, en forma manifiesta e intolerable, el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el sistema especial. 18) Que en lo que interesa al caso, esta Corte ha dicho que el "principio general" que establece el art. 19 de la Constitución Nacional, según el cual se "prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero", se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación", y que la reglamentación que hace el Código Civil, en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. Fallos: 308:1118 y 327:3753). 19) Que en cuanto a la protección de la integridad de la persona, esta Corte ha resuelto reiteradamente que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en si misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 327:3753; 329:2688 y 334:376, entre muchos otros). 20) Que, en conclusión, la adecuada protección del derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas exige que se confiera al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita, así como evitar la fijación de limitaciones en la medida en que impliquen "alterar" los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28)". Siendo así y teniendo en consideración las directrices del máximo tribunal de la Nación, sostengo que una reparación tan menguada por el hecho del transcurso del tiempo (han pasado más de doce años desde que acaeciera el siniestro), la desvalorización monetaria y la inacción de los legisladores que no previeron mecanismos adecuados de resguardo del valor del crédito laboral, torna necesario pronunciamientos como el que propongo en esta línea. Que aún si admitiéramos como última ratio la declaración de inconstitucionalidad de la norma, también sostengo que la interpretación del art. 3 del Código Civil nos lleva a idénticas conclusiones relacionadas con la aplicación inmediata de la norma a las causas en trámite, al menos en aquellas donde se demuestre un agravio tan notorio, como el que surge en el análisis que he efectuado en esta causa. En efecto conforme señalara el máximo tribunal de la Nación en la causa: "Camusso Vda. de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. s/demanda" (Sentencia de fecha 21 de mayo de 1.976) al expresar: "... 6) Que no es esto lo que acontece en la especie. No existe una modificación sustancial en cuanto al monto del crédito reconocido en la sentencia; la ley establece tan sólo la forma en que aquél debe ser calculado hasta el momento del efectivo pago y adecua de una manera más realista la incidencia de la mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. No son inválidas las disposiciones legales que, sin desconocer la sustancia de una decisión judicial, sólo actualizan el monto de la condena. Lejos de menoscabar la autoridad de la cosa juzgada la salvaguardan, porque salvaguardan su justicia, sin la cual el más intimo sentido de dicha autoridad, que es su sentido moral, no es concebible. 7) Que lo que la cosa juzgada busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del fallo cuanto la solución real prevista por el juez a través de éste, es decir -en el caso- el resarcimiento íntegro del crédito del acreedor y su inmutabilidad a través de todo el proceso judicial. 8) Que, por lo demás, el agravio del apelante sustentado en el carácter retroactivo que atribuye a la aplicación de la Ley 20695 -derogada por la Ley 21297- carece de fundamento no bien se advierta que se trata de la inmediata aplicación de la norma a una relación jurídica existente, toda vez que, en el caso de autos, al entrar en vigor aquella, no se había satisfecho el crédito del accionante. Resulta por tanto aplicable la doctrina del art. 3 del Código Civil, primera parte, ya que tan sólo se alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal. 9) Que, sin duda alguna, toda sentencia ejecutoriada supone un derecho adquirido del que es titular la parte que con ella se beneficia. Este derecho, cuando se lo considera en el plano constitucional, se encuentra protegido por la garantía establecida en los arts. 14 y 17 de la Ley Fundamental. En consecuencia, ese derecho adquirido, a semejanza de todas las manifestaciones de la propiedad individual, se halla sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que no pueden someterlo a "allanamiento total" mas sí a "restricción razonable" (Fallos: 235:171). 10) Que, tal como lo destaca el Señor Procurador General, "respondió a un claro imperativo de justicia eliminar los perniciosos efectos que la demora en percibir sus créditos ocasionaba a todos los trabajadores", atento a que "las prestaciones salariales tienen contenido alimentario y que las indemnizaciones laborales se devengan, de ordinario, en situaciones de emergencia para el trabajador". Ampliando esta línea y en pronunciamientos más recientes la Corte Nacional en la causa: "Arcuri Rojas, Elsa c/ Anses", sentencia de fecha 3-11-2009, ha señalado: "12) Que la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia. 13) Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado. 14) Que es el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción plena de esos derechos el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando 10 1 del voto del Dr. Maqueda en Fallos: 328:1602). 15) Que sería estéril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligación establecida en el art. 1. 1 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el causante y, por ende, su viuda, reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo". Señalo que en definitiva lo que se está pretendiendo en la causa es determinar las consecuencias patrimoniales actuales en un régimen que ha sido juzgado insuficiente en tal política y que justamente para evitar ahora que ocurriera lo que ha acontecido con los decretos 1278/00 y 1694/09 que pretendieron paliar este déficit de valor al momento de la percepción del crédito, pero quedaron encerrados en su propia limitación al no establecer pautas correctivas de ese valor histórico, que quedó petrificado temporalmente, mientras se movían las restantes variables que conforman el componente económico y por ende transforman en justa o injusta a una decisión, es que se ha fijado un mecanismo que empleando las Remuneraciones Imponibles Permanentes de los Trabajadores Estables (RIPTE) sanee o al menos morigere, el pernicioso efecto de la inflación y la desvalorización por ausencia de actualización de valores lo cual, de no ser corregido, lleva a una notoria transferencia de ingresos a favor del obligado al pago, que abona una indemnización o reparación que se pretende completa -dentro del sistema elegido por la víctima- con valores notoriamente afectados por el paso del tiempo y el envilecimiento del signo monetario. El tema ya generó numerosos análisis en doctrina y jurisprudencia, teniendo presente que uno de los objetivos de la ley de riesgos del trabajo siempre fue mejorar las prestaciones dinerarias de sus beneficiarios, tanto es así que los Dres. Nanclares y Böhn, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza años atrás señalaran que "un capítulo aparte merece el análisis de la constitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en la suma de $ 55.000 según el art. 15 ap. 2, que el Decreto 839/98 duplicó por estimarlo el propio legislador como exiguo" (Sentencia de fecha 14-3-2001 en autos: "Pride Internacional S.A. en Acordino Graciela p/ su hijo menor c/ Pride Petrotech Internacional S.A., Sum. Inconstitucionalidad - Casación"). La dificultad interpretativa de la norma del art. 3 del CC parte de una equivocada concepción del principio de derecho adquirido, ya que como bien lo señala David Duarte, el mismo se refiere en relación al derecho adquirido de la víctima y su derecho a reclamar conforme a la ley vigente al momento de ocurrido el daño (DUARTE, David: "La inaplicabilidad de la ley al momento del infortunio por injusta", WebRubinzal laba 190, Rubinzal Culzoni, Sección Jurisprudencia Anotada") y no para favorecer al obligado al pago. Es cierto que la anterior Corte Nacional en algunos precedentes consideró inaplicables las nuevas leyes de accidentes de trabajo a casos acaecidos bajo la vigencia de una ley anterior (en ese sentido: "Recurso de hecho deducido por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en autos: Escudero, Adolfo c/ Orandi y Massera S.A. por ordinario", Sentencia de fecha 28 de mayo de 1.991" y "Mendoza Reyes, Rigoberto E. c/ Rest Services S.R.L." Sentencia de fecha 5-2-1998) pero a la luz de la plena aplicación de la doctrina del Ius Cogens y del principio de progresividad sustentada en los precedentes que he señalado de "Arcuri Rojas" y de "Rodríguez Pereyra", tales pronunciamientos temporalmente anteriores, a mi entender no se compadecen con el ritmo universal de justicia que nuestro máximo tribunal ha señalado de manera contundente en la causa: "Vizzoti" cuando afirmara: "Sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis CN, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22) o como expresara con claridad meridiana en "Madorrán", la decisiva doctrina que asentó esa Corte en el caso Berçaitz: "tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el 'bienestar', esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad" (Fallos: 289: 430, 436; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 3). No fue por azar que este precedente se originó en el contexto de los derechos sociales de la norma citada; tampoco es por ese motivo que la justicia social se ha integrado expressis verbis, en 1994, a la Constitución Nacional (art. 75.23; "Aquino",cit., p. 3777/3778)". Para concluir este aspecto no puede obviarse lo que señalara el Dr. Guillermo Borda al efectuar la diferenciación entre efectos inmediatos e irretroactividad de la ley al expresar: "es preciso aceptar la regla de que las nuevas leyes deben aplicarse con la mayor extensión posible y producir sus efectos de inmediato. Toda nueva ley se supone mejor y más justa que la anterior, de no entenderlo así el legislador, no la hubiera dictado. Por ello mismo y salvado el principio de la irretroactividad esa ley debe aplicarse en su máxima extensión posible. Cada vez que un nuevo concepto jurídico social, moral o religioso estima inaceptable la solución de la vieja ley, será necesario quitarle toda vigencia. No es posible concebir, por ejemplo, que se rebaje el interés en los préstamos de dinero porque se considera inmoral cobrar más de lo fijado en la nueva ley y se dejen subsistentes las tasas fijadas en los contratos en curso ¿Qué lógica tiene esto de permitir la supervivencia de algo que hoy se considera inmoral? (Borda, Guillermo A., Ponencia al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Córdoba, 1969, ED, t. XXXVI, pág. 730 y sigtes., citado por LOMBARDI, Juan Carlos - "Ius Superveniens", trabajo circularizado por Internet a través del grupo Catorce Bis). Todo ello me lleva a la convicción de que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva, pendientes de pago se le debe aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice RIPTE. A tal fin a la indemnización que corresponde conforme la fórmula legal, es decir 53 veces el IBM por porcentaje de incapacidad a indemnizar por coeficiente de edad, sin tope, se la actualizará desde la fecha del siniestro, setiembre de 2.000 aplicando el 1,5% de interés hasta el 31 de diciembre de 2.001 y a partir del mes de Enero de 2.002 hasta el 31 de diciembre de 2.009 se aplicará el 2% mensual más tasa pasiva conforme el precedente "Hernández". Al resultado así obtenido se le aplicará el coeficiente RIPTE, desde el 1 de Enero de 2.010 hasta la fecha en que se proceda a su liquidación vía depósito judicial. Con el mismo criterio de vigencia inmediata de la norma entiendo que es de aplicación a la fórmula legal el art. 3 de la Ley 26773 en cuanto dispone que al resultado que se obtenga conforme la fórmula legal se le adicionará el 20% para la cobertura de aquellos otros daños no cubiertos por el régimen sistémico de la Ley 24557 y sus reformas, lo que se efectuará una vez cumplido el paso anterior, es decir determinado el valor ajustado conforme al índice RIPTE. Al monto así ajustado, desde el 1 de enero de 2.010 y hasta su efectivo pago se aplicará un interés consistente en la tasa pasiva promedio nominal mensual que resulta de la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, incrementada en un dos por ciento mensual (2%), todo conforme lo dispuesto por la Ley 23928 y sus Decretos reglamentarios 529/91 (art. 8) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la Ley 25561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c/ Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c/ Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. N° 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "FARIAS C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - DEMANDA - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad y que evidencia un incremento en los índices inflacionarios con relación a los anteriores, lo que lleva en definitiva a adoptar los intereses establecidos en el caso "HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION" (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25-6-2.002) pretendiendo con ello esta Sala que integro ajustarse a la nueva realidad económica con el objeto de evitar que el deudor obtenga un enriquecimiento indebido por no cumplir en tiempo con su obligación y que el acreedor resulte perjudicado con la morosidad del primero, teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia. Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. Las sumas de los intereses a adicionarse al capital de la condena deberán ser determinadas en la etapa previa de ejecución de sentencia y conforme a lo previsto por el art. 812 y siguientes del C. de P C y la condenada deberá abonarla en el plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, tomando en cuenta los salarios del trabajador en el año anterior a aquella primera manifestación invalidante, conforme los informes de sueldos percibidos por el actor que obran a fs. 223/250 a los fines de la determinación del ingreso base mensual aplicable, todo bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Las costas se imponen a la demandada (artículo 28 de la Ley 7987), debiendo diferirse la regulación de los honorarios de los letrados y demás profesionales intervinientes para el momento en que exista base económica líquida, firme y actualizada, practicándose conforme lo dispuesto por los arts. 27, 36, 39, 49, 97, 125 y concordantes de la Ley 9459. En definitiva entonces, propugno la procedencia de la demanda contra la A.R.T. por todos los fundamentos expresados, al considerarse a las patologías determinadas por la pericia médica y psiquiátrica como secuelas del accidente de trabajo padecido en los términos de la Ley 24.557 y su Decreto modificatorio 1278/00. Los intereses judiciales se aplican desde que la obligación es debida, lo que acontece desde la fecha en que se produce la primera manifestación invalidante de la patología que determina el grado de incapacidad que se manda a indemnizar. Hago presente que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, y si alguna no menciono es por considerar que la misma no resultaba dirimente a los fines del decisorio, de conformidad a lo previsto por el artículo 327 del C. de P. C. Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar la excepción de falta de acción planteada por la demandada (fs. 168/ vta, correspondiente al memorial de responde), declarando en consecuencia la inconstitucionalidad del art. 46º inc. 1, de la Ley 24557 por violentar la atribución de competencias establecida por el art. 75 inc. 12 de la CN, de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la Ley 24557 y del trámite recursivo previsto en el Decreto 717/96, por afectar el derecho a la defensa en juicio del accionante (art. 18 CN) y por atribuir competencia judicial a órganos administrativos que carecen de incumbencias suficientes para ello (art. 105 de la CN) y del art. 14, apartado 2, inc. a) último párrafo de la Ley 24557, en cuanto establece un sistema de tope parcial en función del porcentaje de incapacidad del trabajador por afectar el derecho de propiedad de la víctima (art. 17 de la CN). II) Disponer la aplicación inmediata al presente caso del mecanismo de revalorización de las prestaciones dinerarias dispuestas por los arts. 3 y 17 inc. 6 de la Ley 26773, conforme lo explicitado en los considerandos del voto. III) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor Sr. ANIBAL MORENO y en consecuencia condenar a CNA A.R.T. S.A. como responsable en el pago de las prestaciones dinerarias derivadas de las secuelas del accidente de trabajo detectadas en el reclamante, a abonarle al actor, conforme la fórmula estipulada en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24557, y demás dispositivos legales referenciados al tratar la cuestión, en un único pago, sin tope, la incapacidad pendiente de pago del 31,04 % de la T. O., incluyendo en ello a los factores de ponderación, según el siguiente detalle: Incapacidad psíquica: Desorden Mental Orgánico Post traumático Grado III: 30 % de la t.o., Incapacidad Física: Gonalgia Bilateral: 4 % y Cervicalgia Postraumática: 2 % lo que significa un 6 % de incapacidad por la parte ósea, que considerada cobre la Capacidad Residual Restante significa un 4,2 % de incapacidad (6 % sobre 70 % de CRR). Dificultad para realizar sus tareas habituales: Grave: 20 % del daño constatado: 6,84; Factor de ponderación edad: 0,50 %: Total de incapacidad: 41,54 % de la t.o., a lo que debe descontarse lo ya abonado por la ART del 10,50 % de la t.o., con lo cual queda un remanente no indemnizado del 31,04 % de la t.o. que es lo que se manda a pagar, conforme se especificara supra por sus patologías de carácter permanente y al amparo de la Ley 24557 y sus reformas operada por los Decretos 1278/00, 1694/09 y Ley 26773. Las sumas definitivas de dinero deberán ser determinadas conforme a las pautas dadas al tratarse la única cuestión adicionando los intereses al capital mencionado y mediante el procedimiento establecido en el art. 812 del C de PC, y deberá ser abonada por la condenada dentro del término de diez días de notificada del auto aprobatorio de la planilla de capital e intereses, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. IV) Imponer las costas a la condenada CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (art. 28 Ley 7987), y sobre la base de los montos que prosperan, difiriéndose la regulación de los honorarios de los Dres. Carlos Gutiérrez, Carlos Emilio Gutiérrez, Roberto Gutiérrez Olagner, José María Jaluf y demás profesionales intervinientes para el momento en que exista base económica líquida, firme y adicionada con intereses, debiendo practicarse conforme arts. 27, 31, 36, 39, 49, 97, 125 y concordantes de la Ley 9459. V) Oportunamente cumpliméntense las Leyes 8404, 8577, 8380 y tasa de justicia. VI) Protocolícese y hágase saber.

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