viernes, 30 de agosto de 2013

La aplicación del índice RIPTE - Una novedad con dificultades de interpretación en el sistema de la Ley 24557

Encabezado

El autor analiza la aplicación del índice RIPTE en las indemnizaciones previstas en el sistema de Riesgos del Trabajo y su incidencia frente a la prohibición legal de indexación.

Sumario

1. El marco general en orden a la actualización de obligaciones dinerarias. 2. ¿Qué prestaciones abarca? 3. La aplicación en el tiempo del ajuste por el RIPTE: Las prestaciones anteriores a la Ley 26773 pendientes de pago. 4. RIPTE y cosa juzgada. 5. El punto de partida y el ajuste "hacia adelante" con el RIPTE. 6. A modo de conclusión.



La aplicación del índice RIPTE - Una novedad con dificultades de interpretación en el sistema de la Ley 24557

Dime cuándo, cuándo, cuándo (Alberto Testa)[1]

La Ley 26773 introdujo modificaciones en la regulación del sistema indemnizatorio de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto en la Ley 24557, pero sin reformar su articulado. De manera que desde la vigencia de esta nueva normativa nos hemos visto en la necesidad de realizar una confrontación permanente de reglas para intentar una conjugación razonable a la hora de aplicarlas.
La enorme cantidad de visiones interpretativas que desde entonces se han desplegado, evidencian la dificultad que presenta resolver las pocas pero sustantivas cuestiones introducidas por su articulado.
Una de ellas, que prontamente ha motivado innumerables de páginas en papel y en la web, así como sentencias con sentidos contrapuestos, ha sido la aplicación del índice RIPTE para el ajuste monetario de las indemnizaciones a los siniestros anteriores a la reforma y la determinación de los conceptos alcanzados por ese ajuste.
A ello vamos a referirnos en este breve trabajo, sin operar como reseñadores de jurisprudencia sobre la materia sino tratando de brindar una lectura de los dispositivos en juego que creemos puede armonizarse con el resto del ordenamiento y fundamentalmente con las normas de jerarquía superior con las que pudiere colisionar.

1. El marco general en orden a la actualización de obligaciones dinerarias
La Ley 24557 prevé una multiplicidad de formas indemnizatorias.
La indemnización por incapacidad laboral transitoria ha sufrido mutaciones -saludables pero demoradas- desde el inicio de su regulación. En efecto, si bien en los comienzos del sistema estaba tarifada como una obligación nominal mensual atada al módulo del “ingreso base" congelado en el tiempo, el devenir de los procesos inflacionarios y la indefendible posición en la que se colocaba al trabajador siniestrado -que percibía ingresos inferiores a los de un trabajador en actividad o afectado por una enfermedad inculpable- con clarísima afectación a sus garantías constitucionales en orden a los derechos de propiedad, igualdad ante la ley y tutela del salario digno, motivó innumerables pronunciamientos judiciales que declararon su inconstitucionalidad hasta el dictado del Decreto 1694/09 que equiparó esta reparación a los haberes por enfermedad inculpable (es decir, los haberes que percibiría si estuviere en actividad). En esta perspectiva, el instituto se alejó del nominalismo estricto y se aproximó a una obligación de valor: no es salario, pero sustituye al salario y tiene sus mismos efectos. De manera pues que es una indemnización atada al valor “salario móvil", el que a su vez está vinculado a variables de valor (canasta alimentaria, costo de vida, etc.) pero que no se ajusta automáticamente por ninguna de ellas sino por la negociación colectiva.
Pero esta nueva mecánica no implicó un mecanismo de “ajuste de deudas" sino de adecuación de la prestación en origen. De hecho, una indemnización por ILT no pagada, no se continúa ajustando con la variación de los salarios sino que generará los intereses que manden aplicar los jueces del caso. Es decir que una vez devengada, estas obligaciones son nominales y en caso de mora están sujetas al régimen general de nuestro ordenamiento común para este tipo de deudas.
Las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente definitiva en cambio, están cuantificadas en el sistema de diversas maneras, no del todo precisadas a partir de la Ley 26773: la resultante de la fórmula prevista en el art. 14 de la Ley 24557; las prestaciones adicionales de pago único (ahora en realidad todas lo son) introducidas por el Decreto 1278/00 en el art. 14 de la LRT luego actualizadas por el Decreto 1694/09, fijadas en términos nominales; y la resultante de la conversión a pago único de la renta periódica prevista en el sistema conforme el artículo 17 inc. 1 de la Ley 26773. Esta última no está del todo precisada luego de la reforma en el caso de las incapacidades de entre el 50 % y el 66 % porque a partir de la conversión a pago único de las prestaciones en forma de renta periódica se ha omitido regular esa conversión, habiéndonos permitido opinar anteriormente sobre la aplicación a estos casos de la fórmula general del art. 14[2]. Todo ello además del mínimo indemnizatorio implementado por el Decreto 1694/04, fijado en aquel entonces en $ 180.000 para la incapacidad absoluta o muerte, y el porcentaje proporcional equivalente para las incapacidades inferiores al 66 %.
Todo el sistema fue implementado dentro de la vigencia de la Ley 23928, derogatoria del art. 276 LCT que preveía la actualización monetaria de los créditos laborales mediante el índice de precios al consumidor-nivel general (costo de vida) e impuso en sus artículos 7 y 10 -ratificados por la Ley de emergencia 25561- la prohibición de indexar o actualizar deudas por cualquier mecanismo de ajuste. Este régimen general para las obligaciones dinerarias subsiste al día de la fecha, con lo cual la irrupción del RIPTE como pauta de ajuste de las indemnizaciones por siniestros laborales constituye toda una novedad, que ha motivado múltiples interpretaciones.
El proceso inflacionario, que cobró especial relevancia a partir del año 2002, motivó que los Tribunales de todo el país buscaran salidas para la prohibición indexatoria a través de la adición de intereses bajo fórmulas diversas. En realidad, reconociéndose la insuficiencia intrínseca del nominalismo, se buscó indexar pero con un accesorio de la obligación y no repotenciando el capital originario. El resultado sin embargo no fue mayoritariamente satisfactorio. La gran disparidad de criterios de los jueces en este punto hizo visualizar un panorama de manifiesta desigualdad entre jurisdicciones. A modo de ejemplo, en Córdoba se aplicó desde entonces la tasa del 2 % mensual más la tasa pasiva promedio que publica el BCRA; en Santiago del Estero el 0,5 % mensual y la tasa pasiva, y en Buenos Aires y C.A.B.A. la tasa activa (1,55 % mensual)[3], operándose en mayor o menor medida una licuación de deudas que lejos estuvo de compensar suficientemente a los acreedores y evitar consecuentemente la litigiosidad innecesaria. Esto siguiendo la incuestionable máxima que reza que “no hay mejor fomento del incumplimiento que premiar a quien no cumple".
Mientras tanto, en el afán de atemperar la inconstitucionalidad ya declarada del pago en forma de renta de las incapacidades absolutas y las indemnizaciones por muerte, se implementaron en el año 2000 las prestaciones adicionales de pago único (Decreto 1278), fijadas en importes nominales que fueron licuándose progresivamente por la inflación. Estos importes fueron ajustados con el ya citado Decreto 1694 en el año 2009, después de casi diez años de deterioro en su “valor real", pero no fueron recompuestos en su totalidad, y finalmente volvieron a ser revisados -sin la claridad necesaria- por la Ley 26773, que impuso su ajuste conforme el índice RIPTE desde enero de 2010.
Este proceso -dijimos- produjo un deterioro oscilante de las prestaciones adicionales de pago único del sistema. Veamos a modo de ejemplo el adicional previsto para el caso de muerte del trabajador: al dictarse el Decreto 1278 en el año 2000 se lo cuantificó en $ 50.000[4]. Esta suma era equivalente en aquel entonces a cincuenta y siete RIPTEs[5] (remuneraciones imponibles promedios de trabajadores estables); a noviembre de 2009, previo al dictado del Decreto 1694/09, esa cuantía todavía vigente equivalía a diecisiete RIPTEs. Al ajustársela por este Decreto a la suma de $ 120.000, pasó a representar cuarenta RIPTEs (es decir, no llegó ni lejanamente a recuperar el valor real que tenía la prestación al momento de su implementación originaria). Esta suma se fue depreciando progresivamente hasta que al momento de dictarse la Ley 26773 equivalía a dieciocho haberes promedio del sistema. La Ley 26773 dispuso su ajuste con el coeficiente de evolución del RIPTE desde enero de 2010, con lo que recuperó su valor en términos reales respecto del Dec. 1694/09[6], pero advertimos entonces que nunca se recompuso en términos de valor real la previsión originaria del Decreto 1278/00.
Esto implica claramente que el nivel o calidad de aseguramiento fue retrocediendo frente al proceso inflacionario de modo que el “punto real" de indemnización por incapacidad era cada vez menor, advirtiendo que igual proceso de descomposición sufrió el piso indemnizatorio del Dec. 1694 hasta su ajuste por el RIPTE.
Pero por fuera de estos ajustes cada ‘x’ cantidad de años, hasta el dictado de la Ley 26773 el sistema se movió dentro de los parámetros impuestos por la Ley 23928, no previendo ni la Ley 24557 ni sus modificatorias mecanismos de ajuste de las obligaciones frente a la mora. Esta regla asumida a modo de principio fundamental de la lucha contra la inflación ha sido sumamente útil en el abaratamiento del sistema, lo que se verifica de manera más contundente que en ningún otro instituto en el mecanismo de cálculo del módulo denominado “ingreso base mensual" regulado en el artículo 12 de la ley, que es la base de cálculo utilizada para el pago de las indemnizaciones por incapacidad permanente y muerte, y que es el promedio de las remuneraciones del último años anterior a la primera manifestación disvalidante, como si durante ese año no hubiere movilidad salarial, y como si no la hubiere hasta la determinación de la incapacidad y hasta el pago de la indemnización correlativa. Se logra con ello liquidar indemnizaciones diferidas en el tiempo (a veces por muchos años) con bases absolutamente depreciadas, con una severa afectación de garantías constitucionales, que de todos modos no es motivo de análisis en este trabajo.
La imposición del “ajuste RIPTE" modificó algunas reglas del sistema, pero sin delimitarlas acabadamente. Veremos algunas de las cuestiones.

2. ¿Qué prestaciones abarca?
Dispone el art. 8 de la Ley 26773 que “los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)…"
Esta primera regla en orden a la aplicación del ajuste (luego veremos la aplicación temporal y las mecánicas de actualización) nos impone definir preliminarmente cuáles son los “importes" a los que se hacer referencia. Dos corrientes de opinión se han vertido sobre este punto. Una, armonizada con la regla contenida en la Ley 23928, que entiende que el sistema apunta exclusivamente a la actualización de los valores nominales previstos como adicionales de pago único y piso indemnizatorio, entendiendo que la finalidad ha sido la de evitar el ajuste periódico mediante el dictado de nuevos decretos (como lo fueron el 1278 y el 1694). Otra, que se ha derogado en esta materia la prohibición de indexar, y que el ajuste comprende a todas las obligaciones del sistema, es decir también a las indemnizaciones resultantes de la fórmula de cálculo prevista en el art. 14.
Hemos adherido a esta última interpretación, no sin desconocer que probablemente el legislador haya tenido en miras otro resultado. Pero la letra publicada en el Boletín Oficial nos presenta argumentos para sustentar, creemos que de manera válida, la opción interpretativa por el ajuste integral de todas las prestaciones por incapacidad laboral permanente. Veamos.
Primero: evitando el ingreso a una discusión de significados sobre el término “importes" empleado en el artículo 8, consideramos adecuado aplicarlo con el mismo alcance con el que es utilizado de manera clara y precisa en el artículo 4, cuando dispone en su primer párrafo que“los obligados por la Ley 24557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro…" Advertimos que aquí el concepto abarca la totalidad de sumas que le corresponden percibir al acreedor, con la obligación incluso de precisarlas en forma separada. Así, los ‘importes’ del sistema son todas las sumas a las que resulte acreedor el trabajador o sus derechohabientes.
Segundo: el artículo 2 último párrafo establece que “el principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen". La norma es a mi criterio relevante para clarificar el punto en análisis si se tiene en cuenta que la referencia al “pago único" está obviamente dirigida a aquellas indemnizaciones que antes se pagaban en forma de renta, y que esas indemnizaciones son las resultantes de las fórmulas del sistema (ya que las adicionales de pago único, siempre fueron -valga la redundancia- de pago único). Así, el artículo 2 no está diciendo que las indemnizaciones que antes se pagaban en forma de renta ahora se pagarán de una sola vez, con los ajustes del sistema.
Tercero: Si se refiriere solamente a los adicionales de pago único y al piso indemnizatorio, el art. 17 inc. 6 no hubiera mandado ajustar todas las prestaciones del sistema hasta la vigencia de la ley sino exclusivamente las fijadas nominalmente por el Decreto 1694/09 e incluso podría haberlas cuantificado directamente.
Cuarto: no puede soslayarse que el artículo 1 impone la regla general de la reparación de daños “con criterio de suficiencia". Y resulta que la actualización monetaria de las obligaciones se adecua más a este criterio que la nominalidad estricta, considerando la insuficiencia del uso de los intereses para compensar la inflación.
Quinto: el artículo 9 de la LCT impone ante la duda la interpretación de la norma que resulte más beneficiosa para el trabajador. Si bien es claro que este principio se aplica en la relación ‘empleador-trabajador’, que no integra la ART, es evidente que esta última actúa en sustitución de la responsabilidad del primero y ocupa en este ámbito su lugar. De manera que la regla interpretativa le resulta plenamente aplicable.
Digamos que si bien se hace referencia a la incapacidad laboral permanente y no a la indemnización por muerte, esta última debe considerarse igualmente alcanzada ya que el art. 18 de la Ley 24557 que la regula, remite a la indemnización por incapacidad absoluta permanente definitiva.

3. La aplicación en el tiempo del ajuste por el RIPTE:  Las prestaciones anteriores a la Ley 26773 pendientes de pago

Paralelamente a la discusión sobre los ‘importes’ alcanzados, se planteó la que versa sobre la aplicabilidad del ajuste a las obligaciones indemnizatorias devengadas antes de la vigencia de la ley que no hubieren sido abonadas. La regla del artículo 8 de la Ley 26773, que comprende a la totalidad de indemnizaciones del sistema conforme la interpretación que hemos propuesto, resulta aplicable claramente a los siniestros cuya primera manifestación invalidante se opere después de su vigencia (art. 17 inc. 5), lo que no obstante ameritará algunas consideraciones particulares. Pero las dudas y discusiones mayores se han centrado por ahora en torno a la aplicación de esta mecánica de actualización a siniestros anteriores a la ley que aún no hayan sido indemnizados.
Las posiciones han sido variadas, y de verdad creemos que hay argumentos para todos los gustos. Esto porque el art. 17 inciso 5 de la Ley 26773 ha sentado como regla la irretroactividad del nuevo sistema, pero inmediatamente, en su inciso 6 dispone:
“Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el Decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1 de enero del año 2010.
La actualización general prevista en el artículo 8 de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley 24241, modificado por su similar 26417."

Claramente existe un mandato de actualización de valores anteriores a la vigencia de la ley, desde el 1 de enero de 2010. Pero la duda que plantea el precepto radica en conocer si ese ajuste tiene como finalidad actualizar al día de la fecha los valores nominales previstos como adicionales de pago único y el piso indemnizatorio del Decreto 1694/09 para aplicarlo a los nuevos casos, o si cabe el ajuste de la totalidad de las prestaciones pendientes de pago a modo de actualización monetaria, o sea, si constituye una excepción a la irretroactividad del inciso 5.
Una primera interpretación posible indica que dada la irretroactividad del sistema, el ajuste allí previsto está referido solamente a los valores fijos adicionales (y piso o mínimo) para aplicarlo actualizado a los siniestros futuros. Esta postura cuenta con algunos puntos de apoyo importantes: a) es coherente con la previsión del inciso 5 en orden a la vigencia temporal; b) se articula armónicamente con la decisión de tomar como punto de partida del ajuste el 1 de enero de 2010, fecha en que comenzó a aplicarse el Decreto 1694/09 (que dispuso el último ajuste), ya que desde otra perspectiva y si se refiriese a todas las indemnizaciones sistémicas el ajuste debió fijarse en forma dual: las prestaciones adicionales nominales de pago único desde enero de 2010 (último reajuste anterior a esta ley) y las indemnizaciones calculadas conforme a las fórmulas, desde que cada obligación fue exigible y no desde el 2010, en cuanto la exigibilidad pudo ser posterior o anterior; c) una postura contraria implicaría cargar sobre las aseguradoras o empleadores autoasegurados un costo adicional que no fue previsto a la hora de la generación de las alícuotas ni fue por ende previsionado en sus ejercicios contables; d) no genera desigualdad respecto de los trabajadores que ya fueron indemnizados, que habrían percibido montos inferiores.
La segunda lectura posible es que el inciso 6 es una excepción a la regla del inciso 5 en cuanto prevé el ajuste de todas las prestaciones dinerarias hasta su entrada en vigencia. Esto porque si el párrafo habla genéricamente de ‘las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente previstas en la Ley 24557, sus modificatorias y su ajuste mediante Decreto 1694/09’, sin exclusiones, todas ellas deben actualizarse, ya que si hubiere querido restringirse al valor de las prestaciones adicionales de pago único y el piso o mínimo indemnizatorio para aplicarlo a los casos futuros, se habría pautado solamente el ajuste de los valores contenidos en el Decreto 1694/09 (último ajuste anterior) o se habrían determinado directamente los nuevos valores nominales sin una innecesaria alusión a todo el sistema reparatorio, fijándose una regla de actualización solamente para el futuro. Claro que en esta postura queda muy poco claro el por qué del punto de partida en el 1 de enero de 2010 en lugar de recurrir a una fecha dual conforme lo expusimos en el párrafo anterior. Esto porque resulta obvio que la indemnización que surja de la fórmula indemnizatoria del art. 14 debería ajustarse desde que es debida y no desde enero de 2010. En esta posición se interpreta que la referencia al 1 de enero de 2010 es una fecha de corte límite para las indemnizaciones “de fórmula" anteriores al sistema, esto es, que es una fecha “de máxima" pero no necesaria.
Ya hemos dicho en otra ocasión[7] que esta posición, que admite sus objeciones tanto como la alternativa opuesta, obliga a descomponer la obligación: la prestación adicional de pago único se ajustará, en todos los casos, desde enero de 2010 (aunque el accidente haya ocurrido, por ejemplo, en diciembre de 2011) para mantenerla en valores constantes en relación a la evolución del salario; la indemnización que surja de la fórmula se indexará en cambio desde que la suma fue debida. Se plantearían en este contexto, diversas situaciones: i) Indemnizaciones adeudadas con anterioridad a enero de 2010, que devengarán solamente intereses hasta enero de 2010 y desde allí en adelante ajuste con el índice RIPTE hasta el 26 de octubre de 2012 con más la tasa judicial que se defina en el caso concreto; ii) obligaciones posteriores a enero de 2010, que verán ajustada la resultante de la fórmula indemnizatoria desde la mora de la ART o empleador autoasegurado hasta enero de 2010, y en caso de otorgar derecho a una prestación adicional de pago único, se ajustará su importe desde enero de 2010 hasta la Ley 26773; iii) El piso o mínimo indemnizatorio se ajustaría en todos los casos desde enero de 2010.
Efectuadas las que entendemos son las dos lecturas posibles del precepto (aunque obviamente no descartamos otras probablemente superadoras), creemos que se impone decidir por la segunda, es decir, aplicando el RIPTE a las indemnizaciones anteriores no pagadas, con el desdoblamiento aludido en caso de ser pertinente, ya que se ajusta en mejor medida a los estándares constitucionales en orden a la tutela de los derechos de las víctimas, siguiendo en este punto en última instancia la aplicación del art. 9 LCT al que también nos hemos referido en este campo. El incumplimiento de las obligaciones nunca puede tener premios como la licuación de las deudas.
Las objeciones relativas a la vigencia de los arts. 7 y 10 de la Ley 23928 y al interrogante de cómo compatibilizarlos con la Ley 26773 parecerían tener como respuesta que se trata de una norma de igual jerarquía que claramente desplaza la regla general anterior. También creemos que no es justificada la oposición basada en el incremento del “costo indemnizatorio" para la ART o empleador autoasegurado. Lo real es que el ajuste monetario por inflación (reflejada en el incremento salarial, que siempre va detrás de la inflación real) de la indemnización calculada en base a la fórmula del art. 14 LRT no altera la onerosidad sino que preserva el valor de la obligación, destacándose en este punto que el costo del aseguramiento se ha seguido actualizando precisamente sobre esa misma base, esto es, el costo-salario. La diferencia sí puede plantearse en orden a la actualización de la prestación adicional fijada en valores nominales cuando se haya devengado en fecha posterior a enero de 2010. Veamos el caso de una muerte ocurrida -por ejemplo- en julio de 2011, a la que le correspondía una indemnización según fórmula digamos de $ 380.000,00 más el adicional de pago único de $ 120.000 que fijaba el Decreto 1694/09. Si aplico el RIPTE al resultante de la fórmula desde julio de 2011 me limitaré a preservar su valor en relación al salario, de modo que no existiría afectación patrimonial al deudor; pero si ajusto la prestación adicional de pago único de $ 120.000 desde enero de 2010, resultaría que sí la estoy potenciando en términos reales en relación al momento en que debió ser abonada. Pero esta objeción, que creemos que es la principal que amerita este posicionamiento, merecería como respuesta que lo que se ha llevado a cabo es una readecuación del nivel de aseguramiento que el universo de trabajadores tenía en enero de 2010, que como hemos visto antes vino decreciendo desde el año 2000 en adelante, con repunte insuficiente al dictarse el Decreto 1694/09.
De esta manera, resulta aceptable ciertamente en nuestra opinión, considerar que la depreciación del “valor real" de los adicionales de pago único por su inamovilidad frente al proceso inflacionario, constituyó una afectación constitucional de los derechos de la masa de trabajadores al haber colisionado esa situación con la tutela del salario (art. 14 bis CN), que es el bien cuya frustración pretende compensar la indemnización por incapacidad. Y que con ello, el reajuste ahora dispuesto no hace sino retomar la primacía de la Constitución por sobre la dañosa omisión de ajuste de esas prestaciones a lo largo de años. Destacamos además que en materia de Riesgos del Trabajo no priman las reglas estrictas que imperan en el campo general del seguro en orden a los límites de la cobertura, al punto de imponerse a la ART la obligación de afrontar indemnizaciones de trabajadores no incluidos en la nómina o deficientemente registrados (art. 28 inc. 2 LRT). Pero a diferencia de esta situación, no creemos que la ART pueda tener -salvo casos muy particulares- acción alguna en contra del empleador, ya que éste no sólo habría abonado el precio tarifado por la ART en su momento, sino que además el ‘encarecimiento’ habrá obedecido en la mayoría de los casos a la mora de la propia aseguradora, que pudo liberarse válidamente pagando en su momento lo que la ley imponía.
La cuestión sobre la desigualdad de trato respecto de los trabajadores que ya cobraron sus indemnizaciones y que por ende habrían percibido montos inferiores es un argumento irrefutable, sin que sea posible reavivar obligaciones extinguidas para reclamar diferencias. La ‘suerte’ de haber cobrado una semana antes se convirtió en ‘mala suerte’ porque no percibirá los valores indexados. Pero creemos que la salida de esta disyuntiva no puede ser igualar para abajo. El trato desigualitario frente a obligaciones extinguidas e irrevisables es común en otros marcos, como el fiscal, en el que las moratorias y blanqueos implican que quienes cumplieron en su momento y pagaron puntualmente, habrán abonado en términos reales importes muy superiores a los que se pagarán con las quitas y plazos de los nuevos beneficios. Se trata de decisiones legislativas que apuntan a fines no solamente patrimoniales del ciudadano, sino también a políticas de Estado, que en el caso de la Ley 26773 estuvo claramente direccionado a asociar el mejoramiento de las prestaciones como disuasorio de la recurrencia a la vía civil.
No puede obviarse tampoco una realidad prístina: el sistema se financia con el incumplimiento sistemático. La especulación sobre los costos de aseguramiento basada en esa realidad (trabajadores que mayoritariamente no reclaman, demandas que se concilian por importes inferiores a los de ley, y licuación de deudas por el transcurso del tiempo con insuficientes tasas de interés) resulta ciertamente una previsión si no antijurídica cuando menos moralmente deleznable, y una adecuación que altere esa postura y que genere un llamado de atención para pagar cuando hay que pagar, resulta bienvenida.

4. RIPTE y cosa juzgada
¿Deben actualizarse con esta mecánica las indemnizaciones que han sido motivo de sentencia judicial y se encuentran pendientes de pago? Arriesgamos una respuesta afirmativa.
La Corte sostuvo en su momento que “... no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de remate. Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada, ya que el reajuste se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior..." (CSJN 5-3-87; B-597 XX "Banco Fabril de la Plata c/Tarabini Humberto Modesto") y que "... el reajuste del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el Juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste correspondiente cuando, por culpa del deudor aquél no es cumplido a su debido tiempo... Corresponde dejar sin efecto en consecuencia el fallo que desestimó el pedido de reajuste por el lapso posterior a la sentencia firme..." (CSJN 23-5-89; A-256 XXII "Alancay Irma c/Romeo Fabián y otros, Fallos 312-751)[8].
Un criterio en sentido justamente inverso, es decir, dejando sin efecto la indexación ordenada por sentencias firmes, fue el que siguió a la vigencia de la Ley 23928 cuando derogó el art. 276 LCT. La norma se aplicó por aquel entonces en forma pacífica, alterando la manda actualizatoria contenida en todos los pronunciamientos firmes.
Una especial mención cabría al ajuste de las prestaciones de monto fijo cuando se trata de siniestros posteriores al 2010, ya que como vimos anteriormente su ajuste desde el 1 de enero de ese año implicaría una alteración del contenido estricto de la sentencia. Pero nos parece que no es aceptable considerar que el trabajador que ha transitado todo un juicio y ha obtenido una sentencia favorable que no le ha sido pagada, se vea en peores condiciones que el trabajador que todavía no judicializó su reclamo. Pero sin dudas este punto será motivo de discusiones y criterios jurisprudenciales encontrados, no pudiendo afirmar que se trata de una cuestión ciertamente cerrada.
Entendemos que aplicar el RIPTE a casos con sentencia impondrá a los jueces reconsiderar las tasas de intereses que pretendían precisamente compensar la inflación, adecuándola a los nuevos parámetros. Tengamos en cuenta que la tasa de interés ha sido considerada de manera uniforme como ajena a las reglas de la cosa juzgada, siendo por ende susceptible de reajuste según las variables del momento.

5. El punto de partida y el ajuste "hacia adelante" con el RIPTE
La Ley 26773 genera también dudas en torno a las fechas en las que llevará a cabo la actualización. El artículo 8 plantea que el ajuste será semestral, conforme la publicación que realizará el MTESS de la Nación, que "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia". No se llega a comprender la necesidad del dictado de la resolución mencionada, ya que con la sola publicación del índice (actualmente demorada notoriamente) sería suficiente. Tampoco se comprende lo del "lapso de vigencia", ya que el artículo enuncia que será semestral.
Completa la regla el art. 17 inc. 6 que dispone que la actualización ‘se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley 24241, modificado por su similar 26417’. O sea en los meses de marzo y septiembre de cada año
Pese a que la redacción no es confusa en este punto, sí es insuficiente. No determina por lo pronto la fecha de partida del ajuste, lo cual genera interrogante sobre si habrá de considerarse el RIPTE del mes en que la obligación se hizo exigible, el de la primera manifestación invalidante, el del "momento" ahora fijado en el artículo 2 como fecha de "cómputo de la obligación" (producción del accidente o determinación de la relación causal adecuada); o si corresponde el publicado en el mes de marzo o septiembre inmediato anterior, o el del mes de marzo o septiembre inmediato posterior.
Particularmente entendemos que el artículo 2 ha fijado -para las indemnizaciones posteriores a la vigencia de la ley- un nuevo momento de devengamiento de la obligación, que -según la norma- se "computará" a partir del hecho dañoso o de la determinación de la relación causal adecuada, independientemente del momento en que se la determine matemáticamente. Hemos dicho anteriormente que este momento de "computar" la indemnización es operativo a los fines del cálculo de intereses y de la aplicación del RIPTE, aún cuando la incapacidad no estuviere todavía determinada[9].
En el caso de las prestaciones adicionales nominales o el mínimo indemnizatorio no se plantea problema alguno respecto de la fecha de ‘arranque’ del ajuste semestral porque se trata de sumas que vienen con una actualización claramente dispuesta desde enero de 2010. Pero respecto de la indemnización derivada de la fórmula tarifaria somos de la opinión que debe utilizarse el RIPTE correspondiente a la fecha de cómputo de la indemnización (recordemos que la publicación es mensual), esto es, el vigente a la fecha del momento definido en el artículo 2 párrafo 3 (para las obligaciones posteriores a la Ley 26773) o desde que la obligación fue debida para el caso de las indemnizaciones anteriores[10] y de allí se procederá a nuevos ajustes en los meses de marzo y septiembre siguientes si subsistiere la mora. Parecería la solución más adecuada a la realidad y no se contradice con la norma, que sólo prevé los meses de ajuste pero no define concretamente el coeficiente a emplear ab initio. Tomar el mes de corte (marzo o septiembre) inmediato anterior significaría generar una potenciación superior a la evolución salarial, y tomar el mes de corte de marzo o septiembre inmediato posterior implicaría partir de una licuación inicial de la deuda.
Hasta cuándo ajustar? La regla que parece surgir de la norma sería hasta el último índice de marzo o septiembre inmediato anterior a la fecha de pago. Ante ello, los jueces deberían mandar a pagar intereses que compensen la inamovilidad nominal durante el semestre (actualmente la variación semestral es del orden del 13 %) y la rentabilidad frustrada, que actúen además en la medida de lo posible como un elemento conminatorio para forzar el cumplimiento. Se presenta como necesario entonces la redefinición de nuevos criterios sobre intereses para salvar estos baches en los que el ajuste RIPTE no resulta operativo.
En el escaso tiempo transcurrido desde la vigencia de la Ley 26773, el MTESS ya incumplió el mandato legal, en cuanto a mediados de junio de 2013 todavía no está publicado el índice de marzo, que sería fecha de corte según el art. 17 inc. 6. Esta omisión ha motivado que los Tribunales recurran mayoritariamente al último índice publicado (diciembre de 2012), sin perjuicio de los reajustes que correspondan cuando se publique efectivamente el coeficiente adeudado[11]. Todo esto sin dudas apareja complicaciones en las operatorias internas de los juzgados e impide cerrar las causas por imposibilidad de determinar los montos definitivos de los créditos.

6. A modo de conclusión
En definitiva, nos encontramos frente a una ruptura, la primera dentro del ordenamiento, del régimen nominalista estricto que al menos en teoría impera desde la Ley 23928. Es de esperar que los máximos tribunales de Provincias y -en el mediano plazo- la Corte, se expidan sobre la infinidad de criterios abiertos en la materia para unificarlos detrás de las pautas constitucionales. Porque la realidad es que por encima de la mejora que este sistema ha implicado para el régimen reparatorio, quienes han obtenido respuestas favorables de la jurisdicción se ven sometidos a largos procesos recursivos.
Es de esperar que en el corto plazo se imponga un texto ordenado de la Ley 24557, que muy probablemente no ponga a la norma dentro de los estándares constitucionales delineados jurisprudencialmente (comisiones médicas, ingreso base, opción excluyente, etc. etc.) pero que al menos ahorrará al universo de sujetos vinculados a esta problemática las dificultades interpretativas que hoy presenta.
1
Parte de la letra de la canción italiana de 1962 que lleva ese nombre, con música de Tony Renis y letra de Alberto Testa, popularizada y reversionada en todo el mundo.
2
Del autor, "Sobre lo que parece que podría querer decir la Ley 26773" Revista de Derecho Laboral de esta Editorial, Tomo 2013-I.
3
Datos volcados al Foro 14 Bis dirigido por Antonio Barrera Nicholson por colegas de las distintas provincias a requerimiento de Luisa Contino.
4
Esta comparación ya la efectuamos en el Foro 14 Bis en julio de 2013.
5
Remuneraciones imponibles promedio de trabajadores estables, publicada por el MTESS de la Nación desde el año 1994, que puede consultarse en su sitio web.
6
En realidad, debe adicionarse el 20 % de daños accesorios implementado por el art. 4, con lo que equivaldría a 48 RIPTEs.
7
"Sobre lo que parece que podría querer decir la Ley 26773", Rev. Derecho del Trabajo de esta Editorial, T. 2013-I sobre Riesgos del Trabajo.
8
Citados en el trabajo publicado en la Revista de Derecho Laboral Año 2013-I, del mismo autor.
9
Trabajo del autor en RDL 2013-I, ya citado.
10
No vamos a adentrarnos en el escabroso tema del momento en que se devenga la obligación indemnizable en el marco de la Ley 24557 y su desacople absoluto con el módulo "ingreso base", que deberá ser objeto de los planteamientos y cuestionamientos pertinentes en el caso concreto.
11
Lo más grave es que en los casos no judicializados (esto es, la mayoría de los casos), la ausencia del coeficiente implicará seguramente la recurrencia al último, sin ajustes posteriores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario