viernes, 18 de diciembre de 2015

Amparo en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo

Amparo en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo
I. Palabras preliminares

Numerosas disposiciones de la Ley 24557 han sido declaradas inconstitucionales para transformar el sistema de reparación de infortunios del trabajo, en uno sustancialmente diferente al que ideó el Legislador Nacional en su redacción originaria. Ello conlleva a una multiplicidad de demandas de diferentes temáticas en el marco de la Ley 24557 y su última reforma, a raíz de las inconstitucionalidades convalidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación colapsando todos los fueros del trabajo de nuestro país. Sin perjuicio de que el sistema sigue mereciendo importantes transformaciones, a pesar del dictado de la Ley 26773, la mayoría de los operadores jurídicos que representan a los actores, han dejado de lado y olvidado la utilización de la vía correcta para el pago de incapacidades superiores al 50 % de la T.O. y en los casos de muerte del trabajador, atendiendo a las vulneraciones constitucionales que produce el pago en forma de renta en la Ley de Riesgos de Trabajo antes de la última reforma, y que sigue siendo plenamente aplicable aun luego del dictado de la Ley 26773, para los casos en donde la aseguradora de riesgos del trabajo depositó el capital de renta en una compañía de seguros de retiro, así como en los supuestos donde el trabajador haya sufrido el siniestro previamente a la entrada en vigencia de la Ley 26773, y haya transitando o se encuentre transitando el período de incapacidad provisoria, y en la actualidad o posteriormente al período mencionado, se encuentre en condiciones de que se le fije una incapacidad permanente parcial y definitiva superior al 50 % de la T.O. o bien de tipo permanente total y definitiva (66 % o más de la T.O.).

En este trabajo, se pretende abordar la corrección a las vulneraciones constitucionales que produce la Ley de Riesgos del Trabajo, a través de la vía de amparo en los casos de indemnizaciones percibidas (o a percibir) por el trabajador o sus derecho habientes en forma de renta, los requisitos necesarios para tal fin y la problemática que presenta la competencia en materia de amparo en la provincia de Córdoba.

Para ello, se hará un repaso de la recepción jurisprudencial de dicha situación por los tribunales locales, federales y la CSJN, con sus implicancias prácticas.

En paralelo se abordarán cuestiones doctrinarias, a fin de explicitar los presupuestos procesales necesarios para alcanzar la admisibilidad de la vía de amparo, sin los cuales, y a pesar de que a la pretensión esgrimida le pueda asistir razón, nos encontraremos frente a un rechazo in limine de la acción, derivando la misma al proceso ordinario con las demoras sabidas que conlleva, pues la amplitud probatoria es mayor extendiendo los términos de resolución de la litis.

II. La vía de amparo como remedio correcto


El sistema originario de la Ley 24557, estableció el pago indemnizatorio en forma de renta periódica para los casos de incapacidades superiores al 50 % de la T.O. y en caso de muerte del trabajador, con un monto adicional de pago único diferenciado para cada supuesto. Ambas cuestiones se encuentran receptadas en los artículos 14, inciso 2 b) y 15, apartado 2 y 18, apartado 1 de la Ley 24447, respectivamente y siempre teniendo presente las últimas reformas introducidas por el Decreto 1694/2009.

La CSJN, se ha expedido sobre el particular, tachando de inconstitucional el pago en forma de renta en los precedentes "Milone, Juan Antonio c/ ASOCIART S.A. ART s/ accidente Ley 9688" de fecha 26/10/04[1], y "Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra AFJP S.A. s/ indemnización por fallecimiento" del 24/06/08[2].

Sin embargo, las ART ante el requerimiento del trabajador o sus derecho-habientes de percibir en un único pago la indemnización tarifada optan por la negativa ante estas circunstancias, aduciendo que ellas deben cumplir con la prescripción normativa, y en la originaria Ley de Riesgos, ello significaba poner a disposición en forma fehaciente la indemnización y una nómina de compañías de seguro de retiro, para que el beneficiario elija una de ellas, a fin de que ésta administre los fondos. Sobre mi opinión particular para la administración de estos suculentos capitales por parte de compañías de seguro de retiro, me referí en otra ocasión[3]. Aquí lo que quiero destacar, es que la vía correcta para procesar esta petición es la acción de amparo. Ésta se encuentra recepcionada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su art. 25, Punto 1, y, en especial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual permite plantear la inconstitucionalidad de las normas en juego, lo cual se produce ante la vulneración constitucional de los derechos de igualdad (formal y de oportunidades), el principio protectorio, la libertad (a través de la afectación al proyecto de vida), el 14 bis y el derecho de propiedad.

La referencia normativa citada, entre otros detalles, reconoce el derecho a toda persona a interponer una acción rápida y expedita de amparo cuando un acto u omisión de autoridades públicas o particulares, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre y cuando no exista un remedio judicial más idóneo.

Apreciando la norma desde el punto de vista constitucional, este contrato de adhesión de renta periódica con la compañía de seguros de retiro (digo de adhesión, pues no permite negociación entre las partes) para el pago de la indemnización fragmentada prevista en la ley, configura un acto de un particular de tipo arbitrario e ilegal ostensible, merecedor de ataque por la vía de amparo ante la oposición con el derecho de propiedad, el principio de reparación plena, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la igualdad real de oportunidades y libertad, entre otros.

Para ahondar más en la cuestión, la urgencia y gravedad de la situación viene dada por la propia incapacidad que padece el trabajador, y la necesidad de una respuesta rápida y expedita para resarcir el daño. Haciendo una interpretación de éstas características de la norma podemos decir que rápido podría implicar sin dilaciones, de resolución pronta. Expedita, hace referencia a una acción abierta, es decir, que no requiere mayor prueba o debate.

Todo esto sin contar que la cuestión a discutir, si corresponde el pago cuantificado o no al trabajador o a sus derecho habientes, es de puro derecho, pues si la incapacidad fue reconocida por un dictamen de Comisión Médica, siendo la misma consentida, no hay discusión fáctica, sino sólo de aplicación normativa.

En caso de que el trabajador o sus derecho habientes, hayan optado por percibir el pago en forma de renta, y hoy en día quisieran percibir las restantes cuotas partes, sería incorrecto por parte del órgano jurisdiccional fundar la inadmisibilidad de la acción de amparo en el hecho de haber consentido el acto de percibir la indemnización en forma periódica, basando tal situación en la doctrina de los actos propios. Nos encontramos ante la presencia de una condición impuesta por la LRT como requisito previo e ineludible al trabajador o sus herederos para el cobro de los importes generados a causa del siniestro. En estos casos se debe formular también acción de amparo, reclamando el pago de lo no percibido, fundándose tal acción en el fallo de la CSJN, "Llosco, Raúl v. Irmi S.A. y otra" del 12/06/07[4]. Este pronunciamiento subrayó la aplicación restrictiva de la Teoría de los Actos Propios en el marco del derecho laboral, ya que la misma se encuentra acorralada por el principio protectorio, el cual encuentra basamento en la irrenunciabilidad de derechos, y en este caso, en relación a las contingencias previstas por la LRT.

III. Breve análisis de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo


a) Acto lesivo u omisión de un particular

Con respecto a la expresión acto, utilizada por la Constitución Nacional, debe interpretarse la misma en un sentido amplio como toda conducta positiva, ya sea un hecho, un acto, una decisión que sea capaz de producir una lesión a un derecho o garantía constitucional. Debe existir, para la procedencia de la acción de amparo, como requisito ineludible, un acto de autoridad pública o de un particular, que se materialice en un perjuicio concreto.

La LRT originaria, al establecer el pago en forma de renta periódica, constituye el acto lesivo, en este caso, emanado del Poder Legislativo. La doctrina es conteste en este sentido, nos referimos a cualquier tipo de acto, tal como enunciábamos arriba, salvo que se trate cuestiones políticas no justiciables, y siempre que emanen del Poder Ejecutivo o Legislativo[5]. Para este sector de la doctrina, no es dable interponer contra decisorios judiciales acciones de amparo. Posición que particularmente no comparto, pues creo que perfectamente se puede interponer un amparo en contra de una decisión judicial, si se cumplieren todos los requisitos normativos. Otra parte de la doctrina, de la talla de Bidart Campos[6] o Quiroga Lavie[7], entienden que en la hermenéutica de la norma, no se puede olvidar el axioma, que parafraseo: donde el legislador no hace distinciones, el intérprete tampoco debe hacerlas. Con lo cual la acción de amparo no encuentra restricciones para su interposición siendo un acto emanado de cualquiera de los poderes del Estado, y cualquiera de sus dependencias.

b) Arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del acto lesivo

El artículo 43, CN reconoce el derecho a toda persona a interponer acción rápida y expedita de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de particulares, que en forma actual o inminente lesione o restrinja derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional, un tratado o una ley.

La norma habla de ilegalidad manifiesta. Debemos entender tales palabras, como algo que resulte ilógico, irrazonable, antojadizo y que se opongan al bloque constitucional de la Carta Magna y los Tratados Internacionales incorporados a partir de la reforma de 1994. Es decir, básicamente nos encontramos frente a un acto subjetivo, carente de sustento jurídico y caprichoso. Dicho de otro modo, la arbitrariedad se presenta como un acto teñido de voluntarismo por su autor, que violenta el ordenamiento jurídico constitucional.

La norma en cuestión ordena a las ART a depositar el capital constitutivo de la renta periódica, para que una compañía de seguros de retiro lo administre, y se lo entregue fragmentado al trabajador, descuartizando sus derechos constitucionales. La vulneración, como vemos, es ostensible, de detección sencilla, frente al plexo normativo de superior carácter imperante en nuestro país.

c) Inexistencia de otro remedio judicial más idóneo

Sagües expresa que: "Únicamente es admisible el amparo, entonces ante la inoperancia de todos los demás trámites procesales ya legislados, para atender idóneamente al problema planteado: el amparo, se ha dicho, presupone el desamparo. De ahí que el empleo de esta especialísima acción requiera una madurez particular en jueces y letrados: se desnaturaliza tanto al amparo utilizándolo para el planteo de cualquier litis, como rechazándoselo siempre, arguyendo que hay vías judiciales o administrativas para el caso litigioso"[8].

La discusión por la vía ordinaria, lejos de impedir el daño que ocasiona al trabajador, lo agravaría ya que la pretensión procesal se dilucidaría en un lapso mucho mayor que en la acción de amparo. El trabajador, debe cobrar su resarcimiento en el menor lapso posible, máxime si se tiene presente la gran incapacidad que portan los siniestrados de gravedad, para quienes puede ser difícil volver a insertarse en el mercado laboral. Por último, cabe aclarar que al tratarse de actos entre particulares no existe plazo de interposición[9], más allá del que pudiere importar la prescripción de la acción, es decir, dos años.

Sin embargo, a nivel de la Provincia de Córdoba nos encontramos con un escollo. El art. 2, inc. d) de la Ley 4915 (Ley de Amparo Provincial), establece que la acción de amparo no será admisible sí la invalidez del acto requiriese la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ello se encuentra en flagrante oposición al artículo 43 de la Constitución Nacional, con lo cual al momento de la interposición se debe solicitar la inconstitucionalidad de la norma provincial citada. En tal sentido, y aún antes de la reforma el TSJ se expidió sosteniendo que "cuando existe una lesión, alteración, restricción o amenaza -con ilegalidad manifiesta- de las libertades, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los jueces pueden ejercitar el control judicial de constitucionalidad en virtud del principio de supremación (art. 31, CN) aun por la vía del recurso de amparo" (TSJ, Sala Civil y Comercial, S. 34, 11/12/87, in res "Video Visión S.R.L. C/ Municipalidad de Córdoba-Amparo").

A pesar de ser notoria la oposición de la norma a lo que prescribe el art 43, CN, el cual cito: "En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva". Al ser el control de constitucionalidad de tipo difuso en nuestro ordenamiento, donde cada juez debe expedirse sobre la validez constitucional de las normas, la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial citada debe plantearse en cada amparo individual, bajo riesgo de que si no se realiza la acción pudiere ser inadmisible.

IV. Jurisprudencia local, federal y de la CSJN sobre la procedencia de la acción de amparo ante la inconstitucionalidad del pago en forma de renta periódica

Desde un tiempo a ésta parte, he tenido la posibilidad de iniciar acciones de amparo en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo con buenos resultados y perspectivas, a pesar de las limitaciones de la Ley 4915, la cual no determina la especificidad de un fuero, sino que se depende del Tribunal que se halle de turno, asignado éste por Acordada del TSJ. Esta cuestión hace realmente dificultosa la tarea de los operadores jurídicos, pues se terminan ventilando acciones de amparo propias del fuero del trabajo en tribunales civiles, donde los magistrados no han tenido siquiera la posibilidad de dilucidar conflictos derivados de las relaciones laborales y mucho menos planteos que se desprenden de accidentes laborales o enfermedades profesionales, ya que ésta es la competencia propia de los Juzgados de Conciliación y Cámara del Trabajo.

El primer fallo logrado en primera instancia y con confirmación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2° Nominación, a raíz de la apelación planteada por la condenada fue "Pérez, Juan Alberto c/ Mapfre ART S.A." -Amparo- Expediente 2179618/36, Sentencia de Cámara Nro. 48 del 11/04/2013. En aquel fallo, se resaltó la importancia del precedente "Milone", y se sostuvo fundamentalmente que la vía judicial ordinaria no es la idónea en cuanto a prontitud y eficacia para evitar un perjuicio, pues se ven afectados el Principio de Reparación Integral y el Derecho de Propiedad consagrado en el art. 17 de la CN. Merece una pequeña reseña lo dicho aquí. Obsérvese, que los Magistrados fundaron su Sentencia en los conceptos de "Reparación Plena" y el "Derecho de Propiedad" dándoles prioridad a estos por sobre los postulados propios del Derecho del Trabajo, como por ejemplo el Principio Protectorio.

Aquí es donde se ven las consecuencias de que las acciones de amparo no se ventilen en un fuero especifico, sea uno de carácter constitucional, como rige por ejemplo en España, o bien sea que según la materia de la acción, la misma sea recepcionada por los diferentes fueros establecidos en el orden provincial para tratar cada cuestión.

En otras oportunidades, planteada la acción de amparo, las diferentes compañías de seguro han optado por arribar a acuerdos conciliatorios en el marco del pleito instaurado. Por citar algunos ejemplos, tenemos el caso Moreno, Miguel Alfredo c/ Federación Patronal Seguros S.A. - Amparo Expediente 2416517/36, y Oliva, Juan Carlos c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. - Amparo 2330082/36, asumiendo la compañía directamente la obligación y haciendo cesar previamente al dictado de la sentencia, el acto lesivo. Si bien no en la oportunidad que prevé el art. 14 de la Ley 4915, (antes de contestar el informe, evitando costas), y ya en la producción de prueba acotada que tienen este tipo de acciones, ha resultado la modalidad muy beneficiosa para el trabajador pues se ha reunido con la indemnización en el menor tiempo posible, en nuestro sistema. Esto no es de menor importancia, pues ocurre en el fuero laboral que este tipo de causas recién se concilian en el marco de la Audiencia de Vista de Causa y no ante el Juez de Conciliación, lo cual hace que la espera sea sensiblemente mayor para el actor.

Recientemente, se han emitido dos fallos sobre la misma temática Pérez, Daniel Oscar c/Prevención ART S.A. - Amparo 2575286/36, donde en primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 49 Nominación reconoció el derecho al actor a percibir el monto de la renta periódica sin fragmentación, Sentencia 271 del 28/06/15, y, la Magistrada interviniente también fundamentó la procedencia de la acción argumentando que se violan el Derecho de Propiedad, el de Reparación Plena y agrega que es violatorio de lo dispuesto por el 14 bis de la CN.

El otro fallo reciente es Villarroel, Enzo Noel c/ Horizonte Cía. de Seguros Generales S.A. - Amparo Expediente 2538807/36, donde hubo un rechazo en primera instancia por parte del Juzgado Civil y Comercial de 5ta. Nominación, básicamente argumentando que no existe necesidad y urgencia del trabajador, pues aún conserva su empleo y puede ventilar este reclamo en la vía ordinaria, sin importar que se trata de una cuestión de puro derecho. A la vez, echó por tierra los fallos "Milone" y "Suarez Guimbard" aduciendo que la plataforma fáctica era diferente y que los mismos no fueron incoados en el marco de una acción de amparo[10]. Concretamente el 04/06/2015, hace muy poco tiempo, la Cámara Civil de 9na. Nominación de la Ciudad de Córdoba ha asignado razón al amparista fundándose en el precedente "Milone", y las derivaciones constitucionales que ello conlleva. Sin embargo, la propia Cámara privó al trabajador del adicional de pago único con el fundamento de que sí lo principal es la indemnización por renta, desplazada ésta no puede pretender el actor acumularla con la de pago adicional que es accesoria. Nuevamente, en las dos instancias vemos las torpezas que comenten los jueces civiles en aras de la resolución de un conflicto de carácter laboral. Para el de primera instancia, tener más de un 50 % de incapacidad de la T.O. no es una situación de necesidad y urgencia que amerite abrir la vía excepcional de amparo, a pesar que la indemnización que deriva de dicha incapacidad sea pagada a cuenta gotas. En segunda instancia, se corrige tal cuestión pero se destripa otra parte del derecho, con fundamento en las disposiciones del Código Civil. Se ve con mucha claridad, la necesidad de que los magistrados del fuero laboral recepcionen estos tipos de causas, para que el tiempo no sea un enemigo más, conjuntamente con los jueces civiles a la hora de resolver un conflicto laboral en sus juzgados.

A nivel federal, encontramos sobrada jurisprudencia sobre temáticas similares, al sólo efecto ejemplificativo tenemos de la CNAT, "Espíndola Cáceres, María Felicitas por sí y en representación de sus hijos menores c/ANSES y otros s/acción de Amparo". El caso fue, que a un trabajador un accidente laboral le produjo una incapacidad del 64,65 %. Con remisión al caso "Milone", se hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 apartado 2 de la Ley 24557, en forma muy similar a los casos locales comentados recientemente.

En otras causas y con similares fundamentaciones, al sólo título ejemplificativo enuncio, "Cuello, Julio c/ QBE ART SA y otro s/ Amparo" y en "Gaitán, Marta Maximina y otro c/Asociart ART S.A. s/ acción de Amparo", así como en "Leale Angélica Mabel y otro c/Administración Nacional de Seguridad Social s/acción de Amparo.

Por último, el precedente jurisprudencial más importante y emanado de la CSJN a cerca de la procedencia de la acción de amparo en estos casos es Aquino, Adela Ramona p/ sí y en representación de sus hijos menores Nicolás Alberto y Matías Omar Maciel Aquino c/Siembra AFJP y otro s/acción de amparo[11]. Aquí la Corte se expidió sobre el particular, con remisión al precedente "Milone" y adhiriendo al dictamen del Procurador Fiscal.

Sin embargo, la realidad no siempre llena nuestras expectativas más elevadas. En algunos de los precedentes locales, además de las falencias apuntadas, se ha omitido aplicar intereses al capital originario. En atención a ello, la doctrina en general entiende que la naturaleza especial de la acción de amparo, no puede conllevar ínsita la aplicación de intereses al capital, los cual podrían quedar para una discusión por la vía ordinaria.

Ahora bien, el hecho de que la norma prevea que la acción sea rápida y expedita no significa que el pleito se resuelva de la misma manera. Un ejemplo aplicable a los citados, es el precedente "Pérez, Juan Alberto c/ Mapfre ART S.A." -Amparo- Expediente 2179618/36, Sentencia de Cámara Nro. 48 del 11/04/2013, el cual demoró un año y ocho meses, quedando los intereses para una posible discusión por la vía ordinaria, pues sólo se desplazó el acto arbitrario o ilegal mediante dicha acción. En otros, sí se aplicaron intereses, por ejemplo en Pérez, Daniel Oscar c/Prevención ART S.A. - Amparo 2575286/36Sentencia 217 del Juzgado en lo Civil y Comercial de 49na. Nominación del 28/06/2015, pero la propia sentencia habló de una ordinarización del proceso y la necesidad de dejar incólume el reclamo del actor. Quizás por ello o quizás por buen tino jurisprudencial.

V. Conclusiones

La acción de amparo emerge como el remedio judicial idóneo para la resolución de los conflictos devenidos de la Ley 24577 antes de la última reforma, en cuanto a la modalidad del pago en forma de renta a percibir por el trabajador o sus derecho-habientes. En la actualidad, y a pesar de la mejora introducida por la Ley 26773, esto tiene una importancia trascendental, pues hay casos donde la prestación dineraria ha sido asumida por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo obligada al pago con una compañía de seguros de retiro, y la prestación se encuentra en ejecución y, ante este supuesto sería procedente incoar la acción amparo. Otra circunstancia en la cual podría iniciarse el proceso constitucional, es en el caso de aquellos trabajadores que hayan sufrido el accidente de trabajo o la enfermedad profesional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26773, quienes podrían llegar a ser portadores de una incapacidad superior al 50 % de la T.O. de tipo definitiva.

Sin embargo, se presentan serias dificultades en la Provincia de Córdoba para el litigio en el marco de la Ley 4915 (Ley de Amparo Provincial), aún luego de su reciente reforma. Lo lógico y concreto sería que por el principio de especialización de cada fuero, cada juzgado intervenga en áreas de su especialidad. Con la conformación que realiza hoy nuestro TSJ de listas de Juzgados de turnos, dependiendo el día que uno interponga la acción puede resultar competente un juzgado civil, fiscal, laboral, o de cualquier índole.

Esto perjudica severamente al trabajador, pues se encuentra en numerosas ocasiones en manos de jueces inexpertos y ajenos al fuero que le es propio. Ante este panorama, quedan pocas alternativas. Esperar el turno de un Juzgado de Conciliación, lo cual no hace más que coartar la condición de "rápida y expedita" de la acción de amparo o iniciar el proceso ordinario. Una y otra cuestión victimiza al trabajador, pues su pretensión procesal se comienza a dilatar.

Si a ésta cuestión de competencia y organización del Poder Judicial local le sumamos que en algunas ocasiones el proceso de tipo abreviado en la provincia de Córdoba (o sumarísimo, según la terminología del Código Procesal Civil de la Nación) se puede "ordinarizar", como se explícito más arriba, ello termina desnaturalizando por completo la relación jurídico-procesal. En mi opinión, es necesario el dictado de un Código Procesal Constitucional (como por ejemplo rige en la Provincia de Tucumán), para que no existan este tipo de contrariedades. Sin embargo, para no ser tan ambicioso, lo lógico sería que cada fuero recepte las causas de amparo que le correspondan en razón de la competencia material.

Asimismo, si consideramos que la jurisprudencia local en algunos casos ha dejado los intereses sobre el capital para la discusión en el proceso ordinario, paradójicamente nos encontramos con que el trabajador recibe su indemnización fragmentada, y me pregunto, ¿No era precisamente lo que queríamos evitar en forma rápida y expedita con la acción de amparo?.

A pesar de las dificultades prácticas enunciadas que se pueden suscitar durante la tramitación del proceso, considero que la acción de amparo es el remedio necesario para desplazar el acto inconstitucional de los casos que aún quedaron atrapados en la Ley 24557. Sin embargo, a nivel de la Provincia de Córdoba se debe revisar profundamente la asignación de Tribunales en materia de amparos pues el actual, en ocasiones, conduce a resultados de injusticia.

Asimismo, para evitar tales resultados el Juzgador debe ser consciente que está frente a un trabajador, siendo este, y como sostiene la doctrina, es un ciudadano merecedor de especial tutela en sus derechos (art. 14 bis, CN, principio protectorio). Por ello, el amparo adquiere una operatividad notoria en este tipo de causas, pues la impugnación de la norma sustancial, por ser la misma inconstitucional, enmarcada mediante la legislación adjetiva especial prevista para este tipo acciones, lleva al resultado pretendido por el trabajador o sus derecho-habientes con la mayor celeridad que prevé el ordenamiento jurídico en la actualidad.

VI. Bibliografía

- Bidart Campos, Germán, "Manual de la Constitución reformada", Ediar, Buenos Aires, 1998.

- Maraniello, Patricio Alejandro, "El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y características especiales", Revista IUS, Volumen 5 Nro. 27, Puebla 2011.

- Quiroga Lavié, Humberto, "Constitución de la Nación Argentina -comentada-", Zavalia, Buenos Aires, 2007.

- Sagúes, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo", Edit. Astrea, Capital Federal 1995.

- Sagüés, Pedro Néstor, "Elementos de derecho constitucional", Astrea, Buenos Aires, 1995.

- Schick, Horacio, "Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales", David Griberg Libros Jurídicos, Buenos Aires, 2010.
1
M.3724.XXXVIII; 26-10-2004; T. 327, P. 4607.
2
S.461.XLII; REX; 24-06-2008; T. 331, P. 1510.
3
Diario Comercio y Justicia "Resarcen infortunio laboral en sede civil y por amparo", nota del 25/10/2012.
4
L.334.XXXIX; RHE; 12-06-2007; T. 330, P. 2696.
5
Sagüés, Pedro Néstor. Elementos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 97.
6
Bidart Campos, Germán. Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 1998, pág. 78.
7
Quiroga Lavié, Humberto. Constitución de la Nación Argentina -comentada-, Zavalia, Buenos Aires, 2007, pág. 56.
8
Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, Edit. Astrea, Capital Federal, 1995, pág. 176.
9
Schick, Horacio, Riesgos del Trabajo Temas fundamentales, David Griberg Libros Jurídicos, Buenos Aires, 2010, pág. 484.
10
Quiero destacar aquí un aspecto importante, relativo a este fallo. La causa "Milone", no fue tramitada mediante amparo, pues fue la punta de lanza para la inconstitucionalidad del art 14, inc. 2 b) de la Ley 24557, por lo que las remisiones que efectuaron todas las sentencias posteriores, las cuales hablan de la violación a normas constitucionales son suficientes para la apertura de la vía constitucional excepcional rápida y expedita, el amparo.
11
A.2486.XL; RHE; 24.

RC D 1296/2015

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